WATSONVILLE, California – Los trabajadores agrícolas Carmella y Antoline viven en las profundidades del Condado de Santa Cruz, más allá de kilómetros de bayas y campos de producción agrícola, en una casa de campo de un solo piso. Cinta adhesiva para ductos atraviesa las tablas del piso, y una bombilla desnuda ilumina la cocina y sus electrodomésticos desgastados.
El propietario mudó ahí a una segunda familia hace unos meses. La casa se alquila por tres mil dólares al mes, casi el doble del precio que Carmella y Antoline pagaban cuando se mudaron ahí hace una década. Es aproximadamente el costo de un pequeño departamento de dos dormitorios en Silicon Valley. Aquí, con eso se alquila una granja de dos dormitorios y dos baños para cuatro adultos y cinco niños.
Carmella, de 40 años, y Antoline, de 45 años, como muchos trabajadores agrícolas, son indocumentados y se identificaron con esta organización noticiosa solo con su nombre de pila. La pareja dice que soportaron amenazas y rencores constantes con sus nuevos compañeros de cuarto, y trabajan siete días a la semana para mantener a su familia.
Sienten que tienen pocas opciones. “Si no trabajamos”, dijo Carmella, “nos echarán”.
La escasez crónica de viviendas seguras y asequibles para los trabajadores agrícolas se ha agudizado aún más, dicen trabajadores y activistas, a medida que los tentáculos de la crisis de la vivienda en el Área de la Bahía han llegado a la región. Los trabajadores a largo plazo con salarios bajos están siendo empujados aún más al límite.
Los condados de Santa Cruz y Monterey necesitan agregar 33 mil 159 unidades de vivienda, un aumento del 13%, solo para aliviar el hacinamiento en las casas de los trabajadores agrícolas, según un equipo de trabajo regional. La mayoría de esas casas abarrotadas incluyen inquilinos de diferentes familias que viven bajo el mismo techo, según el equipo de trabajo. Y aproximadamente uno de cada siete residentes duerme fuera de las habitaciones, en salas y comedores, cocheras, pasillos y armarios.
“Leímos sobre la gentrificación en San Francisco y el Área de la Bahía”, dijo el asambleísta Robert Rivas, demócrata de Hollister y autor de una nueva ley que alienta más viviendas rurales, “pero está sucediendo ante nuestros ojos”.
Durante la temporada de cultivo, hasta 90 mil trabajadores agrícolas cosechan frutas y verduras, atienden los sembradíos y mantienen la tierra en los valles de Salinas y Pájaro. Alrededor del 90% nacieron y se criaron en México.
“La disponibilidad de viviendas para trabajadores agrícolas es un problema persistente”, dijo Dave Puglia, de la Asociación de Productores del Oeste. “Y ha empeorado”.
Los alquileres en los condados periféricos de Santa Cruz y Monterey han aumentado casi un 50% desde 2011, ya que los refugiados de Silicon Valley han cambiado los viajes más largos por viviendas más baratas.
Watsonville, una ciudad agrícola de seis millas cuadradas con un centro urbano todavía en recuperación del terremoto de Loma Prieta en 1989, se ha convertido en un destino para los trabajadores del Área de la Bahía. Su población creció casi un 4% entre 2010 y 2017, agregando dos mil 250 nuevos residentes, según las cifras del censo. Sin embargo, en los últimos cinco años, solo se han construido 440 nuevas casas y apartamentos en la ciudad.
“Los desafíos que tiene el Área de la Bahía en su conjunto se están extendiendo a todas las comunidades grandes y pequeñas”, dijo el administrador municipal de Watsonville, Matt Huffaker. El Concejo Municipal ha estado a favor del desarrollo, dijo, pero el espacio abierto es limitado y el centro de la ciudad todavía está marcado por escaparates vacíos y edificios de apartamentos antiguos.
La búsqueda de viviendas asequibles ha provocado la llegada de más familias, precios de la vivienda más altos y más presiones sociales de lo que la región ha visto en dos décadas. “Eso supone una carga para los miembros de nuestra comunidad existente”, dijo.
El salario promedio de un trabajador agrícola en California es de 12.60 dólares por hora, aproximadamente 26 mil 200 dólares al año. Una familia de dos trabajadores que gana 50 mil dólares al año gastaría más de la mitad de su salario en el apartamento típico en los condados de Santa Cruz o Monterey. Los activistas dicen que los trabajadores agrícolas de la costa central ahora necesitan tres o cuatro ingresos para pagar el alquiler en los condados de Santa Cruz y Monterey.
Comprar una casa está aún más fuera del alcance. El precio promedio de una vivienda en Watsonville es de aproximadamente 600 mil dólares, mientras que el ingreso promedio de un hogar es de 51 mil 500 dólares. La relación entre los precios de la vivienda y los ingresos es de 11 a 1, mucho más alta que incluso en San Francisco, Oakland y San José.
A medida que aumentaron los costos de la vivienda y más familias se concentraron en espacios más reducidos, la ciudad tuvo que gastar más en servicios de apoyo, incluidos parques, recreación y programas sociales. “Con el alto costo de vida y el bajo ingreso medio, tiene un efecto en cascada”, dijo Huffaker.
Un amplio sondeo entre los trabajadores publicado el año pasado por un consorcio gubernamental y empresarial encontró una creciente crisis de vivienda:
· Dos tercios de los trabajadores en los valles de Salinas y Pájaro vivían en unidades muy atestadas según los estándares federales
· En una casa típica, al menos cinco personas compartían un solo baño. Los trabajadores migrantes y las familias que comparten hogares con familias no relacionadas compartían un baño entre siete personas
· Casi 9 de cada 10 trabajadores alquilan, y pocos trabajadores agrícolas poseen una casa o casa móvil
Ann López, directora ejecutiva del Centro para Familias de Trabajadores Agrícolas, dijo que su organización ha visto las crecientes presiones que llevan a las familias y a los niños a condiciones inseguras.
López dijo que su organización se enteró de 16 personas que compartían una casa de dos dormitorios y un baño. Las familias han acudido al centro en busca de ayuda para escapar de las relaciones domésticas violentas, o para reemplazar estufas, refrigeradores y pisos en mal estado.
Los trabajadores tienen pocas opciones más que compartir espacios reducidos. “La conclusión es que no hay viviendas”, dijo López. “Es vergonzoso”.
Los salarios de los trabajadores agrícolas, que atienden miles de acres de uvas, bayas y productos agrícolas en los valles, no han seguido el ritmo de los costos de la vivienda.
Ernestina Solorio llegó a los Estados Unidos hace unos 20 años y tiene una visa de trabajo. Recoge fresas en una granja del Valle de Salinas y gana alrededor de 460 dólares, después de impuestos, durante una semana típica en la temporada de cosecha.
Simplemente no hay espacio en el presupuesto de Solorio para pagar los dos mil dólares mensuales del alquiler, muy por encima de los mil 300 dólares cuando se mudó aquí hace 12 años, por una casa de tres dormitorios en el centro de Watsonville. Solorio alquila una habitación a otra familia de trabajadores agrícolas.
En cualquier noche, unas 10 personas de dos familias duermen bajo el mismo techo y comparten un baño. Si los alquileres continúan aumentando, dijo a través de un traductor: “No entiendo cómo voy a sobrevivir”.
Las amenazas y la insistencia de la administración Trump de que tomará medidas enérgicas contra la inmigración han agregado una capa de estrés y miedo a la comunidad. Pocos están dispuestos a quejarse de sus apartamentos, preocupados de que un propietario pueda desalojarlos y dejarlos sin hogar.
Lo que está en juego es mucho. La escasez de viviendas agrava otros desafíos de la industria y la comunidad y amenaza a la salud a largo plazo de la industria agrícola de cinco mil millones de dólares de la región, dicen expertos.
Pero incluso cuando los agricultores y los defensores de los trabajadores están de acuerdo en el problema, han peleado amargamente por una nueva ley, vigente a partir del 1º de enero, que facilita la construcción de viviendas para trabajadores en tierras excedentes. Requiere que los propietarios de las granjas entreguen la administración de las unidades a una organización sin fines de lucro, evitando el conflicto de que los empleadores también funjan como propietarios.
Pero los agricultores, incluida una coalición de oficinas agrícolas, productoras de vino familiares, cultivadores de frutas y otros, dicen que la crisis empeorará. Están particularmente molestos por una disposición que prohíbe que algunos fondos estatales se usen para construir dormitorios para trabajadores inmigrantes estacionales con visas H-2A. Las visas requieren que los productores y cosechadores proporcionen viviendas gratuitas para los trabajadores inmigrantes durante sus estadías temporales.
Puglia, de la Asociación de Productores del Oeste, dijo que los agricultores desconfían de las disposiciones y no aceptarán el programa. “No lo van a hacer”.
Rivas, asambleísta de Hollister en su primer mandato, calificó la medida como un paso inicial.
“Cuando el precio promedio de una casa es cerca de 600 mil dólares en este valle, es un problema. Es un gran, gran problema”, dijo Rivas durante una entrevista en esta oficina de Salinas. “Cuando se observan las presiones de Silicon Valley y la región de San José, el precio promedio de una casa es de 1.2 millones de dólares. Eso está ejerciendo una gran presión sobre esta región”.
Los nuevos planes de vivienda y construcción continúan demasiado lentamente para muchos en la comunidad. “Las familias necesitan viviendas decentes, seguras y asequibles”, dijo Julie Conway, administradora de viviendas del condado de Santa Cruz. “No se puede cultivar sin mano de obra”.
Mientras persisten las amenazas de redadas de inmigración y violencia, algunos trabajadores han cubierto el exterior de sus hogares con cámaras de seguridad. Otros tienen perros en su porche delantero.
Dominga, de 35 años, vive con su esposo y sus cuatro hijas. La pareja llegó hace 13 años desde Oaxaca, en un peligroso viaje de cinco noches por el desierto con hijas sus entonces dos hijas de uno y dos años.
Los padres trabajan en los campos de fresas, y en una visita, los jeans de Dominga estaban manchados con tierra y fresas trituradas. Su piel estaba oscurecida por horas de exposición al sol.
“A veces no quiero levantarme por la mañana”, dijo. “Estoy tan cansada”.
La competencia por apartamentos a precios razonables en Watsonville es feroz. Su renta ha aumentado de mil 600 a dos mil dólares desde 2014. Los ingresos que ella y su esposo obtienen del trabajo agrícola no han crecido tan rápido. “Batallamos mucho para encontrar este lugar”, dijo a través de un intérprete.
La familia alquila la sala de estar, cubierta con sábanas colgadas en tendederos, de su apartamento de dos dormitorios a otra familia migrante. Las hijas adolescentes de Dominga comparten una habitación, y los niños más pequeños comparten la habitación principal con sus padres.
Dominga dijo que le preocupan sus hijas y su futuro. “Estoy intentando”, dijo, mientras sus dos hijos más pequeños jugaban cerca, “mantener a estos niños fuera de los campos”.
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