MIAMI — Parece que casi todos los días un feligrés se dirige al padre Reginald Jean-Mary con la misma petición: Rece por nosotros, tenemos miedo. No podemos regresar, no ahora.
Viven con el temor de un regreso forzado a Haití, el país donde nacieron y al cual aman, pero el que ha sido paralizado por la pobreza, las protestas violentas y una debilitante epidemia de cólera.
Temen aun más por sus hijos nacidos en Estados Unidos quienes, a diferencia de ellos, serían elegibles para permanecer en el único país que han conocido. Para muchos inmigrantes haitianos, la idea de desarraigar a los preadolescentes para vivir por primera vez en un país profundamente empobrecido parece imposible.
“Haití siempre será mi hogar por nacimiento, pero este es mi nuevo hogar”, señaló Luce Janvier, una feligrés de la iglesia. “No es seguro en Haití; no ahora, tal vez nunca”.
Aquí en el barrio de Little Haiti en Miami (a lo largo de las calles de asfalto donde los pollos andan sueltos y el criollo es el idioma predominante), la iglesia católica de color crema de Jean-Mary sirve de refugio para los haitianos de toda la ciudad.
Después de que un terremoto de magnitud 7.0 devastara Haití en enero de 2010, dejando a miles de muertos y paralizando la infraestructura en Puerto Príncipe, la capital, miles de sobrevivientes huyeron al sur de Florida.
En un gesto humanitario, el presidente Barack Obama designó rápidamente a Haití como un país cuyos ciudadanos podían recibir el Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés), lo que significó que podían vivir legal, pero temporalmente, en Estados Unidos. Algunos encontraron empleo como empleadas domésticas o cocineros, otros se inscribieron en universidades comunitarias, y muchos se unieron a iglesias. Durante casi una década, han reunido lo que sobre de sus cheques de pago y lo han enviado a sus familias que permanecen en el Caribe.
Hoy en día, se estima que 46 mil haitianos tienen el Estatus de Protección Temporal, el cual fue otorgado a aquellos que emigraron a Estados Unidos dentro del año posterior al terremoto, o que ya estaban en Estados Unidos, sin importar su estatus legal, al momento del desastre.
En toda la nación, aproximadamente 317 mil personas de 10 países, incluyendo Haití, cuentan con el Estatus de Protección, el cual es otorgado en intervalos de seis a 18 meses por el gobierno federal para personas de países devastados por desastres naturales o por la guerra.
Poco después de asumir el cargo, el presidente Donald Trump (quien se postuló con base en una plataforma hostil hacia los inmigrantes) anunció abruptamente que pondría fin al TPS para los haitianos, así como para los inmigrantes de El Salvador, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán. Los inmigrantes del Sudán del Sur, Somalia, Siria y Yemen (que también tienen el TPS) no fueron blanco de la administración. Aun así, el estatus expirará para los inmigrantes de los últimos cuatro países en 2020 y 2021 si la administración no concede una extensión.
Los defensores de los inmigrantes respondieron con demandas y en 2018, un juez federal emitió una orden preliminar permitiendo que haitianos e inmigrantes de El Salvador, Nicaragua y Sudán permanecieran en el país hasta este mes. El Departamento de Seguridad Nacional anunció recientemente que la agencia pospondrá el desalojo de los haitianos y de los otros cinco países inicialmente previstos hasta enero de 2021 como parte del litigio en curso.
A medida que se acerca el décimo aniversario del terremoto de Haití, el limbo jurídico ha dejado a muchas familias respetuosas de la ley en grave peligro, comentó Ahilan Arulanantham, asesor jurídico principal de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés), la cual ayudó a presentar la demanda que dio lugar a la orden judicial.
“Son parte de nuestra sociedad”, destacó Arulanantham, estimando que el 80 por ciento de ellos forman parte de la fuerza laboral de Estados Unidos, “y merecen ser tratados con dignidad y respeto, no con crueldad excesiva”.
Para la abogada de inmigración Vanessa Joseph, recientemente elegida secretaria municipal de North Miami, Florida, la extensión proporciona “un bienvenido suspiro de alivio, pero no es una solución permanente”, argumentó.
Los inmigrantes haitianos siempre han sabido que, en teoría, las protecciones eran temporales. Pero, con el paso de los años, a medida que trabajaban, oraban y tenían hijos (más de la mitad en el sur de Florida), Haití comenzó sentirse más y más alejado.
El temor comenzó a crecer en los meses previos al anuncio de Trump, luego del viaje del entonces secretario de Seguridad Nacional, John F. Kelly, a Haití para evaluar la situación. Kelly declaró que las condiciones habían mejorado, dejando a muchos en la comunidad haitiana preocupados de que la administración pusiera fin pronto al TPS.
La ansiedad ahora es profunda, reveló Marleine Bastien, directora ejecutiva del Movimiento de la Red de Acción Familiar, un grupo que organiza reuniones informativas para inmigrantes en Little Haiti.
Bastien todavía sacude la cabeza ante la decisión, señalando que incluso el Palacio Nacional, donde vive el presidente de Haití, sigue en construcción.
“El país sigue en ruinas”, exclamó. “Están las protestas y la violencia en el país. No es estable”.
Los funcionarios de la administración Trump, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional, no han respondido a la solicitud de comentarios sobre su decisión de poner fin al TPS para los haitianos.
El grupo de Bastien estima que desde el terremoto, los haitianos con estatus de protección han dado a luz a unos 30 mil niños, todos ellos ciudadanos estadounidenses.
“Los padres se despiertan y no saben si los apartarán de sus hijos”, puntualizó Bastien, quien viaja a Haití y a Washington, D.C. varias veces al año para ofrecer actualizaciones sobre el terreno a los legisladores. “Las familias aquí en el sur de Florida están asustadas”.
Un informe de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami encontró que las personas deportadas después de ser condenadas por delitos (incluyendo delitos no violentos de drogas) tienen muchas más probabilidades de quedarse sin hogar una vez que regresan a Haití, donde a menudo son vistos como extensiones del gobierno de los Estados Unidos, con el cual los haitianos están profundamente enojados.
“Encontrar un empleo remunerado está fuera del alcance de muchos deportados”, concluyeron los investigadores. “Muchos deportados no hablan un criollo fluido o hablan criollo con un acento que es reconociblemente ‘estadounidense’”.
Para Bastien y muchos haitianos, los comentarios de Trump sobre el país han sido racistas. Varios medios de comunicación, entre ellos The Times, informaron en enero de 2018 que Trump se refirió a Haití y a varias naciones africanas como “países de porquería” en una reunión con un grupo bipartidista de senadores.
“Hay animosidad hacia la gente de color (hacia el pueblo haitiano) por parte de este presidente”, aseguró Bastien.
Jacsonny Nelson, de 31 años, está de acuerdo.
Dejando atrás a su madre y seis hermanos en Haití para venir al sur de Florida, recibió el TPS en 2011 y ahora comparte un apartamento de una habitación con su esposa, su hijo pequeño y su suegra.
Nelson trabaja largas horas en la cocina de preparación previa en un restaurante, pero cuando puede, pasa por la oficina de Bastien, preguntándose cuánto tiempo más puede vivir en Fort Lauderdale, donde se siente bienvenido.
En estos días, Nelson dijo durante una entrevista en la sala de su familia, que a menudo le preocupa que lo separen de su esposa y su hijo.
“No podemos dejar de pensar en ello”, intervino su suegra, ciudadana estadounidense, acariciando el pecho de su nieto con el dedo índice.
Nelson ve más oportunidades aquí en Florida para su hijo (mejor educación y calidad de vida) y afirma que no lo trasladaría a la inestabilidad de Haití.
Para Nelson, una década en Estados Unidos ha servido como bálsamo para la tragedia. Perdió a primos y amigos cercanos en Puerto Príncipe en el terremoto, y las imágenes de la destrucción están grabadas en su mente.
“Fue un caos”, recuerda, “la gente corría por las calles”.
Desde que llegó al sur de Florida, asegura, ha trabajado seis días a la semana en el mismo restaurante. Y cada mes envía alrededor de 400 dólares a su madre, quien utiliza el dinero para mantener a sus hermanos.
“Algunos meses, soy el único que le aporta ingresos”, dice.
Para la feligrés Janvier, la vida en el sur de Florida también se trata de sostener a su familia en Haití. La mayoría de los días se levanta antes de las 5 a.m. y toma un autobús para ir a su trabajo de limpieza con salario mínimo en un hotel de Miami Beach. Janvier se mudó a Miami en 2004 y como ya estaba en Estados Unidos cuando ocurrió el terremoto, calificó para un estatus temporal.
Janvier, quien tiene a dos hijos en Haití, les envía regularmente parte de su cheque.
“Es mucho dinero, comparado con lo que ganaría en Haití”, indicó.
Janvier ha viajado a Washington con el grupo de Bastien para reunirse con los miembros del Congreso que representan a Florida para expresar sus preocupaciones sobre la inminente finalización del TPS.
En julio, el senador Marco Rubio, citando la actual situación “volátil” en Haití, presentó una legislación para una extensión específicamente para los haitianos.
“Durante mi reciente visita a Haití”, escribió Rubio al gobierno de Trump, “me quedó claro que el país no puede absorber a un gran número de retornados en este momento”.
Para Jean-Mary, el pastor, el limbo legal significa horas de oración.
“Pedimos orientación y fuerza”, dice rezando con las familias. “Buscamos una solución”.
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