SAN DIEGO — Dos solicitantes de asilo, un hombre y una mujer, se sentaron en la parte delantera de una sala de inmigración de San Diego un jueves reciente, viendo un partido de ping pong de lenguaje jurídico entre el juez y el abogado del gobierno con creciente confusión.
“Clasificación en el Aviso de Comparecencia”. “Extranjero que llega”. “Presente sin ser admitido o puesto en libertad condicional”. “Carga para establecer extranjería”.
El juez Scott Simpson pidió al abogado, que representa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que escribiera un breve informe explicando la posición del gobierno sobre las cuestiones legales en proceso. Luego, el juez se volvió hacia el hombre y la mujer, que no tenían abogados que los representara, para preguntarles si tenían preguntas.
Desconcertada, la mujer dijo que no entendía lo que estaba pasando. “¿Hice algo mal?”, preguntó a través de un intérprete de la corte.
No, respondió el juez. Trató de explicar qué diferencia podía tener su futuro que el gobierno marcara una casilla u otra en el formulario que dio inicio a sus casos en la corte de inmigración en su futuro, que quería descubrir si el gobierno había violado sus derechos. Luego pasó al siguiente caso.
El hombre y la mujer se quitaron obedientemente los auriculares que habían usado para escuchar al intérprete y pasaron hacia el fondo de la sala. No estaba claro si alguno de los dos había comprendido mejor el proceso legal en el que estaban entrelazados.
Los Protocolos de Protección al Migrante de la administración Trump, o MPP, conocidos más ampliamente como “Permanecer en México”, devuelven a ciertos solicitantes de asilo a México para esperar las audiencias de sus casos en tribunales de inmigración en los Estados Unidos. Desde que comenzó en enero, al menos nueve mil 854 personas, incluidos el hombre y la mujer, han sido enviadas de regreso a través de la frontera de California, según el gobierno mexicano.
La mayoría de esas personas no tienen abogados que los representen en el tribunal. A diferencia de los tribunales penales, el gobierno no está obligado a proporcionar abogados a los inmigrantes que se enfrentan a una posible deportación.
Los estudios han demostrado que aquellos con abogados tienen muchas más probabilidades de ganar sus casos. Para aquellos en el programa MPP, donde la novedad de la política combinada con complicaciones logísticas están generando una multitud de dilemas legales, tener un abogado experimentado es aún más crucial.
Los inmigrantes que no pueden pagar abogados ya pasan apuros para encontrar abogados dispuestos a ayudarlos de forma gratuita o a bajo costo, especialmente si el inmigrante se encuentra en un centro de detención. Para aquellos que regresan a México, donde los abogados enfrentan los obstáculos adicionales del tiempo y la logística de cruzar una frontera internacional para consultar con los clientes, encontrar un abogado es aún más difícil.
Un puñado de proveedores de servicios legales gratuitos o de bajo costo están atendiendo casos de familias en el programa “Permanecer en México”, incluido el equipo legal de Jewish Family Service (JFS), una organización sin fines de lucro que ha trabajado extensamente en el reasentamiento de refugiados en el Condado de San Diego y, más recientemente, como parte de un equipo de organizaciones que administran un refugio para migrantes en el área.
El Immigrant Defenders Law Center con sede en Los Ángeles y el Centro Legal de la Raza con sede en Oakland también se han encargado de casos. La mayoría de los otros proveedores de servicios legales de inmigración pro bono en el área no se han puesto a disposición de los solicitantes de asilo que regresaron a Tijuana bajo la política Permanecer en México.
Hay indicios de que cada vez más familias están siendo canalizadas al programa MPP, dijo Kate Clark, directora de servicios de inmigración del Jewish Family Service. Señaló la disminución del número de familias, particularmente provenientes de América Central, que llegaron al refugio de migrantes del centro de San Diego, administrado por un grupo de organizaciones que incluye el servicio de Jewish Family Service.
Como mencionó Clark, la ayuda legal que los abogados pro bono como los de su organización pueden proporcionar es una “gota en el balde” de lo que se necesita.
“Las familias continúan atravesando un proceso que no entienden”, advirtió Clark. “No tienen apoyo en su trayectoria legal”.
Para los pocos afortunados que cuentan con representación gratuita en la corte, eso marca toda la diferencia.
Algunas de las familias a las que la organización ha representado han logrado convencer a los funcionarios estadounidenses de que su miedo a regresar a México es legítimo. Luego fueron liberados en Estados Unidos.
Clark explicó que el equipo legal de Jewish Family Service trata de priorizar a aquellos que consideran los más vulnerables a la hora de tomar casos, mientras se cuida de no asumir más de lo que el grupo puede representar responsablemente.
Una madre de 18 años procedente de El Salvador y su hija de un año se encuentran entre los clientes actuales de dicho grupo.
“No sé qué haría si no tuviera la ayuda”, confesó la mujer.
Antes de una audiencia judicial el jueves a las 7:30 a.m., Linda Feldman, parte del equipo legal de inmigración de JFS, cruzó la frontera, con una silla infantil en mano, para buscar a la joven madre en el motel donde se ha estado hospedando en Tijuana y llevarla de regreso al puerto de entrada para su comparecencia.
Clark agregó que al equipo le preocupa que los solicitantes de asilo puedan encontrarse en situaciones difíciles, o incluso peligrosas, cuando viajan a través de Tijuana hasta el puerto de entrada, y JFS quiere asegurarse de que sus clientes lleguen a tiempo para que no se les ordene deportarlos por no presentarse.
Feldman afirmó que ha tenido dificultades para trasladar clientes, incluso que los guardias de seguridad mexicanos en el puerto de entrada les ordenen que se vayan mientras esperan que los funcionarios estadounidenses los crucen.
En este día, Feldman llegó a las puertas de Estados Unidos con madre e hija sin mayores incidentes. Incluso con la ayuda de Feldman, la joven dijo que estaba nerviosa debido a la corte. Ella caminó rápidamente, superando el ritmo de Feldman, quien también estaba recibiendo llamadas de familiares de otros clientes.
El espacio donde los que están en la lista de casos del día esperan para cruzar a los EU, estaba bastante lleno, por lo que la pareja trató de pararse cerca del lugar en vez de dentro. Un guardia de seguridad mexicano insistía en que esperaran dentro de la barricada para estar fuera del camino de los transeúntes de la mañana.
ICE luego transportó a la mujer, junto con docenas de personas más, en un autobús a la corte de inmigración en el centro de San Diego. En el interior, una combinación de agentes de ICE vestidos de civil y guardias de detención por contrato con uniformes verdes monitoreaban al grupo, que permaneció bajo custodia mientras se encontraba dentro de Estados Unidos.
Feldman, junto con el abogado Luis González, se reunió con la madre dentro de la corte durante aproximadamente media hora antes de que el juez entrara.
Cuando fue su turno frente a Simpson, la conversación rápidamente se convirtió en un tema complicado que involucraba cómo el gobierno había catalogado a la joven madre y a la bebé.
Este problema de clasificación es un punto de discusión que ha surgido en los tribunales de inmigración de San Diego en las últimas semanas, y el cual tiene el potencial de crear resultados variados dependiendo del nivel de representación legal que reciba cada migrante.
Para el hombre y la mujer que se enfrentaron al mismo juez, sin representación legal, Simpson aludió a la posibilidad de cerrar sus casos si descubría que el gobierno los había clasificado erróneamente, un resultado que los pondría en territorio legal desconocido y posiblemente pondría fin a sus casos en busca de asilo.
Pero la madre y la bebé tienen al abogado de JFS González, quien asistió a la audiencia preparado para ofrecer otra opción, una que las pondría en una mayor ventaja y evitaría que tuvieran que regresar a México.
El escenario le daría una audiencia de fianza y posiblemente le permitiría reunirse con su pareja, quien huyó de El Salvador antes que ella y ya está en EU. La pareja de la joven aún no ha conocido a su pequeña hija, ya que ella estaba embarazada de ocho meses cuando él se vio obligado a irse.
Es una solución que Simpson dijo que consideraría. Le pidió a González y a la abogada de ICE, Jennifer Woodmansee, que escribieran sus argumentos para que él los revisara. Decidirá en la próxima audiencia de la mujer, que programó para fines de octubre.
La madre estaba llorando después de la audiencia, relató González, debido a la larga espera que tenía por delante.
No entendió lo que había sucedido hasta que sus abogados le explicaron paso a paso.
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