WASHINGTON — El plan de la administración de Donald Trump de utilizar el censo para excluir de la representación en el Congreso a los inmigrantes que viven aquí ilegalmente podría excluir inadvertidamente a muchos ciudadanos estadounidenses que viven bajo el radar en estados como Alaska, Nuevo México y Virginia Occidental.
La semana pasada, un tribunal de apelaciones federal de Nueva York bloqueó la estrategia de la administración, dictaminando que “el presidente no tiene autoridad para excluir a los extranjeros ilegales” de la representación en el Congreso, ya que la Constitución exige la “población total” como base para la distribución de los escaños. Pero el fallo permitió que el trabajo federal para identificar el estatus de inmigración continuara, en caso de que el fallo fuera revocado por un tribunal superior.
La Oficina del Censo de Estados Unidos no ha compartido la estrategia que usaría para identificar a las personas que viven aquí ilegalmente. Sin embargo, a menudo se basa en la “identificación por exclusión” cuando no puede encontrar a alguien en los registros oficiales como licencias de conducir y beneficios que requieren prueba de ciudadanía, comentó Todd Graham, un pronosticador del Concejo Metropolitano en Minneapolis-St. Paul y ex presidente de la red de centros de datos estatales de la Oficina del Censo.
El problema es que, al igual que los inmigrantes que viven aquí ilegalmente, muchos ciudadanos estadounidenses que viven en zonas rurales o tribales y que se resisten a responder a las preguntas del censo también dejan un rastro de papel limitado.
En una prueba de 2014 que empareja las respuestas de la encuesta de 2010 con los registros administrativos, los cuales pueden verificar la ciudadanía y el estatus legal, la tasa de éxito de las coincidencias fue menor al 75 por ciento en 23 estados y el Distrito de Columbia. En la prueba, los científicos de datos de la Oficina del Censo trataron de cotejar nombres, fechas de nacimiento y domicilios de las personas que respondieron a la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2010 con datos administrativos, como declaraciones de impuestos, formularios de cambio de domicilio y subsidios de vivienda.
Sin embargo, los estados con bajas tasas de coincidencia no eran en general estados de alta inmigración con un gran número de personas que vivieran aquí ilegalmente. Eso sugiere que muchas de las personas sin un rastro de papel no vivían en las sombras debido a su condición de inmigrantes, sino por otras razones. De los 23 estados con tasas de coincidencia inferiores al 75 por ciento, solo seis tenían una proporción superior al promedio de personas que vivían aquí ilegalmente, según estimaciones del Pew Research Center. (El Pew Charitable Trusts financia a Stateline y al centro de investigación.)
De hecho, entre los 10 estados principales con las tasas de coincidencia más bajas, solo Arizona tiene tasas superiores al promedio de personas que viven aquí ilegalmente, alrededor del 3.9 por ciento, según las estimaciones de Pew. El resto va desde menos del uno por ciento en Mississippi, Montana, Vermont y Virginia Occidental hasta el 3.3 por ciento en Hawái. El promedio nacional es del 3.3 por ciento.
En Alaska, donde la tasa de coincidencia es más baja, “hay muchas ciudades en estas enormes zonas rurales que están fuera del sistema de carreteras”, comentó el demógrafo estatal, David Howell, por lo que la gente tiende a no tener domicilios en el sentido habitual o a obtener licencias de conducir que puedan aclarar su situación legal.
Esa es una de las razones por las que la Oficina del Censo pudo emparejar solo el 45.6 por ciento de las personas y domicilios en Alaska para la prueba de 2014, explicó Amy O’Hara, directora del Centro Federalde Datos de Investigación Estadística de la Georgetown University y ex funcionaria de la Oficina del Censo a cargo de los datos administrativos.
“Los resultados de Nuevo México y Alaska probablemente se deben a la falta de domicilios de tipo urbano”, señaló O’Hara. “Hay muchos domicilios de rutas rurales y apartados postales. Eso hace que la comparación dependa del nombre y la fecha de nacimiento, que son menos únicos y a menudo menos completos y más ecandalosos”.
Los estados pudieran ayudar a la Oficina del Censo proporcionando los datos administrativos que tienen, dijo O’Hara. Pero muchos estados, tanto demócratas como republicanos, se han negado a entregar los datos de las licencias de conducir, que fueron solicitados por la administración de Trump en 2019 para verificar la ciudadanía, citando cuestiones de privacidad y leyes estatales.
Solo Iowa, Nebraska, Carolina del Sur y Dakota del Sur han dicho que compartirán la información de licencias y otros datos de identificación. Los cuatro estados requieren evidencia de residencia legal para las licencias de conducir y las tarjetas de identificación.
Cuando se le pidió que comentara, la Oficina del Censo se refirió a la declaración de julio del director Steven Dillingham ante un comité del Congreso, en la que dijo que la oficina necesita contar a todas las personas, con o sin estatus legal, respetando la orden del presidente Donald Trump de identificar y excluir a algunas personas de la asignación congresal.
“Continuaremos a todo vapor con nuestra misión de contar a cada persona”, aseveró Dillingham.
Otra barrera para contar a los residentes en áreas remotas es una nueva hostilidad hacia las preguntas del censo, incluso entre los no inmigrantes molestos por el hecho de no haber añadido una pregunta sobre la ciudadanía al censo de 2020.
“Si insisten en contar a los ilegales en el censo, y tratan de aumentar la representación de los estados de izquierda con esa táctica, la única respuesta para equilibrarlo es no responderlo”, escribió una cuenta de Twitter el año pasado usando el hashtag #ShredTheCensus. Aparentemente, algunas personas están tomando ese consejo a pecho, dijo Graham del Concejo Metropolitano en Minneapolis-St. Paul.
“Una de las cosas que escucho anecdóticamente es que los encuestadores que trabajan ahora con sus listas de domicilios tienen dificultades para conseguir que los entrevistados den nombres”, aseveró Graham, “y no son solo las personas nacidas en el extranjero, también son los habitantes del ‘Trump Country’ los que han adquirido una mentalidad perniciosa”.
Con tanta confusión, los ciudadanos y los inmigrantes legales están destinados a terminar mal descritos como viviendo aquí ilegalmente, argumentan algunos expertos.
“Es muy poco lo que la administración puede hacer para identificar a los inmigrantes indocumentados, y en muchos casos este proceso identificará a los ciudadanos nacidos en Estados Unidos y a los inmigrantes naturalizados y legales con visas”, dijo Jennifer Van Hook, profesora de sociología y demografía en Penn State.
Van Hook fue una de las autoras de un estudio realizado por el no partidista Migration Policy Institute que encontró que la coincidencia de registros probablemente indicaría que 30 millones de personas tienen probabilidades de vivir aquí ilegalmente, casi tres veces el nivel de la inmigración no autorizada real, alrededor de 10.7 millones de personas según la estimación de Pew.
El estudio cita un hallazgo inédito de Van Hook, que muestra que 20 millones de los 30 millones de registros no coincidentes de una encuesta de 2017 pertenecían a ciudadanos estadounidenses. Y, dada la pandemia, la confusión causada por la gente que huye de los puntos urbanos riesgosos y los estudiantes universitarios enviados a casa debido a los brotes pudiera causar aún más distorsión que personas mal etiquetadas cuando sus nombres y domicilios no coincidan con los registros oficiales, concluyó el estudio.
“Hasta la fecha, la administración de Trump y la Oficina del Censo solo han ofrecido información limitada sobre cómo se producirá la coincidencia o cómo abordar las dificultades en el proceso”, concluyó el estudio. “Esta falta de transparencia pudiera reducir aún más la confianza no solo en el censo, sino también en la imparcialidad de nuestro sistema político”.
– Este texto fue traducido por Kreativa Inc.
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