SINGAPUR — Para los civiles en el estado de Rakhine en Myanmar, que han sobrevivido a las masacres encabezadas por el ejército, la violencia desatada por las milicias étnicas, las restricciones a la ayuda humanitaria y el desplazamiento forzado de cientos de miles de vecinos, la vida se acaba de volver más difícil.
El gobierno de Myanmar suspendió el servicio de internet vía teléfonos celulares en ocho municipios de Rakhine y uno en el vecino estado de Chin, donde el ejército está combatiendo a los insurgentes. Los funcionarios del gobierno citaron “el estado de derecho y las preocupaciones de seguridad pública”, argumentando que los grupos armados coordinaban sus actividades en línea.
La prohibición temporal, que entró en vigor el 21 de junio y no se sabe cuándo será levantada, es el último ejemplo de cómo los gobiernos autoritarios están cada vez más desconectando o interrumpiendo el servicio de internet en tiempos de inestabilidad.
De 2016 a 2018, el grupo de defensa de los derechos digitales Access Now documentó 371 casos en todo el mundo en los que las autoridades restringieron el servicio de internet o las aplicaciones móviles, y más de la mitad ocurrieron en 2018.
La mayoría de las suspensiones (310) se produjeron en Asia, que alberga a economías emergentes con un gran número de nuevos usuarios de internet y donde el libre flujo de información a menudo representa un desafío directo para los gobiernos autoritarios.
China sigue siendo el modelo para la censura y la vigilancia del internet, pero India, que se considera a sí misma como la democracia más grande del mundo, ha sido la más rápida en desconectar el servicio de internet.
Según un organismo de control local, India ya ha impuesto 56 suspensiones de internet este año, a menudo en el disputado territorio norteño de Cachemira, donde las fuerzas de seguridad han utilizado tácticas severas para sofocar un antiguo movimiento separatista.
Este año, las redes sociales fueron bloqueadas temporalmente en Sri Lanka después de los mortíferos bombardeos de Pascua y en Indonesia durante los disturbios después de las elecciones presidenciales de abril. En mayo, los gobernantes militares de Sudán intentaron sofocar las manifestaciones masivas anulando casi todos los servicios de internet y telefónicos, y enviando a grupos paramilitares a disolver violentamente las protestas.
En Myanmar, donde la gran mayoría de las personas acceden a internet en sus teléfonos, los nueve municipios donde se interrumpió el servicio de datos móviles tenían una población combinada de aproximadamente un millón de personas en 2014, cuando se realizó el último censo del país. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos viven allí ahora. Un gran número de civiles huyeron de Rakhine después de que el ejército lanzó una represión devastadora contra los civiles musulmanes de Rohingya a partir de 2017.
Decenas de miles más han abandonado sus hogares en los últimos meses para escapar de una nueva ronda de violencia, esta vez entre el ejército y un grupo militante budista de Rakhine conocido como el Ejército de Arakan. El grupo, que respaldó a las fuerzas gubernamentales contra los rohingya, pero ahora exige una mayor autonomía para el estado más pobre del país, al parecer recluta civiles y se cree que son varios miles de combatientes.
“El conflicto en Rakhine es grave y esta (suspensión del internet) beneficia a los militares en su respuesta contra el Ejército de Arakan”, dijo Bridget Welsh, profesora asociada de ciencias políticas de la Universidad John Cabot en Roma.
Todas las partes en el caleidoscopio de divisiones étnicas de Myanmar utilizan Internet para impulsar sus agendas, y Facebook en particular ha sido criticado por no haber bloqueado el contenido que alimenta la violencia. Desde entonces, el gigante de las redes sociales ha vetado a los miembros de alto rango del ejército de Myanmar y a varios grupos armados que consideró “peligrosos”, incluido el Ejército de Arakan.
La protección de la seguridad pública es la principal razón citada por los gobiernos para justificar el bloqueo del internet, dijo Mai Truong, directora de investigación del grupo activista Freedom House, con sede en Nueva York.
Otra es frenar el flujo de la desinformación, particularmente durante periodos de agitación social o política. (Varios países del este de Asia también han aprobado o están considerando leyes que penalizan las publicaciones en redes sociales que los gobiernos consideran falsas o perjudiciales).
“Esta tendencia está creciendo en parte porque los gobiernos están aprendiendo unos de otros”, advirtió Truong. “Cuando un gobierno suspende internet con pocas consecuencias, reduce el costo de oportunidad para que otros gobiernos sigan el ejemplo cuando lo deseen”.
Pero los expertos dicen que estas suspensiones tienen costos reales, incluso si solo duran poco tiempo.
Un estudio realizado en 2016 por la Brookings Institution calculó que 81 desconexiones temporales durante 12 meses causaron pérdidas en la actividad económica de al menos 2 mil 400 millones de dólares. Recientemente, un estudio financiado por Facebook descubrió que suspender el acceso a internet por un día en un país con conectividad de nivel medio produce una pérdida del uno por ciento de la producción económica diaria del país.
“Es probable que los bloqueos de la red hagan más daño que bien, impidiendo a los ciudadanos comunicarse información importante entre sí y buscar servicios en momentos de necesidad”, explicó Truong.
Cuando se interrumpe el servicio en las regiones en conflicto, las acciones pueden empeorar el costo para las comunidades atrapadas en los combates.
Yanghee Lee, el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Myanmar, advirtió recientemente que las fuerzas armadas de Myanmar, que han escapado de la responsabilidad por las atrocidades contra los rohingya, participaron en “operaciones de limpieza” en Rakhine que en el pasado han sido “una cubierta para cometer graves violaciones de los derechos humanos”.
“Temo por todos los civiles allí, aislados y sin los medios necesarios para comunicarse con personas dentro y fuera del área”, comentó Lee.
En Sittwe, la capital de Rakhine, los musulmanes rohingya que se han visto obligados a vivir en campos de internamiento al aire libre desde 2012 revelaron haber perdido contacto con familiares que permanecen en los municipios del norte. Aunque las llamadas telefónicas y los mensajes de texto no se han bloqueado, la cobertura es irregular y la mayoría de las personas dependen de las aplicaciones de mensajería basadas en internet para comunicarse.
“Ahora es muy difícil comunicarse con las personas por teléfono”, dijo por teléfono desde Sittwe Saed Arkani, líder de la comunidad rohingya. “No se puede escuchar la voz claramente, o la llamada no conecta. La gente está preocupada por lo que está sucediendo allí porque no tenemos forma de comunicarnos, y sabemos que los combates continúan”.
Según la mayoría de las versiones, esta es la primera vez que Myanmar, también conocida como Birmania, impone una prohibición de este tipo desde que se eligió a un gobierno encabezado por civiles en 2015, que puso fin a medio siglo de régimen militar.
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