CAÑON CITY, Colorado — Jhil Marquantte vivía detrás de las paredes de la Correccional Territorial de Colorado en una celda de seis por nueve pies.
Marquantte, de 46 años, pasó años aquí en este pueblo montañés, pero siempre tras las rejas, encerrado en la Territorial, y en la mayoría de las otras media docenas de prisiones estatales que se encuentran este tramo rural de Colorado. Si le preguntan por su casa, les dirá que está a dos horas al norte de Denver, donde creció y su familia aún reside, y donde soñó durante mucho tiempo con volver después de cumplir su sentencia.
“Mi celda no era un hogar”, dijo Marquantte, quien fue puesto en libertad condicional en 2018 después de cumplir 26 años por asesinato y regresó al área de Denver. “Una prisión no debería ser un hogar para ninguna otra persona”.
La preocupación de Marquantte va al meollo de una cuestión de justicia penal que viene de largo en torno al censo de Estados Unidos de 2020: ¿Los prisioneros deberían ser contados como residentes de la comunidad donde están encarcelados o de su hogar cuando fueron arrestados y a donde generalmente regresan cuando son liberados?
Como el censo comenzó oficialmente el miércoles, el debate se ha vuelto cada vez más oportuno. Después de que se complete el recuento, los estados utilizarán las cifras para volver a trazar los distritos legislativos y congresales, un procedimiento que se realiza una vez por década y que tiene amplias implicaciones en si las comunidades de color tendrán una oportunidad equitativa de elegir candidatos que representen sus intereses y luchen por sus preocupaciones. Y, a su vez, el resultado de la redefinición de distritos tiene un efecto dominó en los programas de vivienda, educación y salud que se financiarán en los próximos 10 años.
“Contar a las personas que están encarceladas en los lugares donde han sido encarceladas conduce a una gran distorsión”, dijo Justin Levitt, un profesor de la Escuela de Derecho Loyola en Los Ángeles. “Las personas encarceladas en un centro penitenciario son a menudo muy diferentes demográfica y socioeconómicamente del perfil de los residentes locales, con necesidades muy diferentes”.
La Oficina del Censo de EU cuenta a los reclusos como residentes de los condados donde están encarcelados, una práctica que los funcionarios afirman que tiene por objeto proporcionar la forma más precisa y justa de capturar un recuento de un momento puntual. Sin embargo, en los últimos años, una ola de estados ha aprobado leyes que requieren ajustes posteriores al conteo durante la redistribución legislativa para evitar lo que los críticos llaman “manipulación electoral de las prisiones”.
Los activistas sostienen que las regiones en que se encuentran las cárceles (a menudo zonas rurales, predominantemente blancas) han inflado injustamente su número, y por ende su influencia política, al poder contar a reclusos como Marquantte, que es afroamericano. Muchos de los reclusos son latinos o afroamericanos procedentes de zonas más densamente pobladas.
Es injusto, alegan los activistas, contar a los presos (que en la mayoría de los estados no pueden votar mientras están encarcelados y a menudo mucho más allá) como residentes de comunidades cuya demografía y necesidades difieren tan drásticamente de las de sus comunidades de origen.
“Esta desviación del poder político urbano afroamericano hacia las comunidades blancas y rurales es la versión moderna del Compromiso de las Tres Quintas Partes, y viola el principio de una persona, un voto”, expuso Marc Morial, presidente de la Liga Nacional Urbana, un grupo de derechos civiles.
Un puñado de estados, entre ellos California, han abordado el problema de la manipulación electoral de las prisiones y, en las últimas semanas, los legisladores de otros 20 estados, incluidos Illinois y Virginia, han presentado proyectos de ley para hacer frente a esta práctica.
El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, firmó recientemente una ley que exige que, a efectos de la redistribución de distritos, el estado debe ajustar los datos para contar a las personas encarceladas según su último domicilio conocido antes de su encarcelamiento. En Colorado (donde una feroz división rural y urbana da forma a muchas discusiones políticas, incluyendo el control de armas), la Legislatura aprobó recientemente un proyecto de ley similar que el gobernador promulgó como ley.
La Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP, por su sigla en inglés) demandó en febrero a Pensilvania, argumentando que el estado estaba inflando “artificial y arbitrariamente” el poder político de los votantes predominantemente blancos en los condados rurales donde se encuentran algunas de las mayores instalaciones penitenciarias del estado. A su vez, sostiene la demanda, el estado estaba diluyendo el poder de los votantes afroamericanos y latinos en zonas más urbanas del estado. La demanda está pendiente, al igual que una demanda similar presentada por la NAACP en Connecticut hace dos años.
En Illinois, donde el 60 por ciento de los reclusos del estado son originarios de Chicago o de otras partes del Condado de Cook, el 90 por ciento se cuentan como residentes de otro condado, según el Prison Gerrymandering Project, una extensión de la Iniciativa de Política Penitenciaria, una organización sin fines de lucro que se centra en la reforma de la justicia penal.
En Colorado, que, como muchos otros estados, encarcela desproporcionadamente a hombres afroamericanos y latinos, muchos de esos reclusos están encarcelados en las llanuras rurales del este o en las laderas sureñas de las Montañas Rocky, como aquí en Cañon City.
Los distritos legislativos del estado están divididos de manera que cada uno contenga aproximadamente 77 mil electores y, en las comunidades rurales con prisiones (como la zona de Cañon City) casi el 10 por ciento de algunos distritos están formados por prisioneros. (El Condado de Fremont, donde se encuentra Cañon City, alberga aproximadamente una docena de cárceles estatales y federales, que alojan a más de siete mil 500 reclusos, una de las mayores poblaciones carcelarias per cápita del país).
Mientras que la sentencia promedio en una prisión estatal es de unos tres años, según los datos de las correccionales, la redistribución de distritos determina la representación política durante una década.
El representante estatal James Coleman, un demócrata por Denver, dice que apoyó la legislación contra la manipulación electoral porque solo tiene sentido contar a los reclusos en las comunidades donde vivían.
“Cuando la gente sale y vota”, agregó Coleman, “su distrito necesita una representación justa y precisa”.
En Nueva Jersey, el entonces gobernador republicano Chris Christie vetó una medida similar en 2017. “Los presos están consumiendo servicios y recursos en la prisión”, dijo Christie, al explicar su veto, “y pueden tener solo lazos fugaces, anticuados o tenues con su residencia anterior”.
En Colorado, el senador estatal Dennis Hisey, un republicano del área de Cañon City, dice que considera a los presos como sus electores.
“Son parte de la zona rural de Colorado”, dijo Hisey en una tarde reciente mientras caminaba por el perímetro de Territorial, donde las siluetas de los guardias dentro de las torres que dan a la prisión se pueden ver desde la calle. “Son esencialmente residentes”.
Hisey considera la medida aprobada por los demócratas, que controlan ambas cámaras de la Legislatura de Colorado, como poco más que “una toma de poder liberal”.
Aunque la medida no se centra abiertamente en la asignación de dinero, Hisey cree que la financiación se verá inevitablemente afectada de alguna manera en los próximos años.
“Esto diluirá la voz de la parte rural de Colorado”, detalló.
Ese es un tema delicado aquí.
En 2013, la Legislatura de Colorado aprobó la revisión de antecedentes y los límites sobre los barriletes de municiones para armas, una medida que algunos habitantes de la zona rural de Colorado consideraron una infracción a sus derechos de la Segunda Enmienda. Algunos todavía protestan en las escaleras del Capitolio.
Luego llegaron las medidas enérgicas contra la perforación en busca de petróleo y gas, una gran fuente de empleo en algunas partes rurales del estado. Empezó a parecer que las ciudades importaban más que los pueblos pequeños, dijo Hisey, y el proyecto de ley de manipulación electoral solo empeoró las cosas.
El concejal de Cañon City, Brandon Smith, posee una barbería en Main Street desde la que se ven las torres de Territorial. Muchos de sus clientes son guardias de la prisión, aseveró, y dentro de su local tiene un lugar donde, después de que te hacen un corte de cabello, puedes tomarte una fotografía de prontuario.
“Tal y como yo lo veo”, dijo, “donde duermes la mayor parte del tiempo es donde vives”.
Pero para Marquantte, eso equivale a una simplificación excesiva.
“Cañon City nunca fue mi hogar”, aseguró. “Nunca asistí a una asamblea municipal política, nunca conocí a mi representante. Mi hogar es el área de Denver y es donde se escucha mi voz”.
Marquantte, nativo de Denver, terminó en prisión, condenado a 60 años, por un tiroteo que dejó un hombre muerto en el verano de 1992.
Durante sus años de preparatoria, reconoció, cayó en un círculo de traficantes de drogas y pandilleros.
Desde su libertad condicional hace dos años, ha vivido en Aurora, un suburbio de Denver y trabaja de tiempo completo como administrador de propiedades.
En una tarde reciente, Marquantte (que forma parte de la junta de un grupo de apoyo contra la reincidencia local) viajó al Capitolio del estado en Denver para testificar a favor de la legislación contra la manipulación electoral. Quería que los legisladores tuvieran una cara que ponerle al asunto.
“Dentro de una prisión los chicos no tienen voz”, dijo.
Marquantte añadió que a menudo se quedaba en su celda pensando en lo que haría con su vida una vez liberado. Ahora está orgulloso, dijo, del hombre en que se ha convertido.
Esta era la primera vez que testificaba ante un comité legislativo, dijo. Y mientras estaba sentado ante los legisladores, quería que supieran que, cuando salió en 2018, hizo algo que nunca había hecho antes: Votar.
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