DOLORES, Texas — Es difícil para Mauricio Vidaurri imaginar que un muro fronterizo entre Estados Unidos y México corte el acceso a decenas de tumbas en el rancho que su familia ha poseído desde 1750.
Su padre, un ranchero e infante de marina que recibió un Corazón Púrpura después de ser herido en Iwo Jima durante la Segunda Guerra Mundial, está entre los más de 110 familiares enterrados en el cementerio cerca del Río Bravo.
Vidaurri y sus dos hermanos también prestaron servicio en el Ejército, y luego trabajaron en una variedad de empleos para el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Vidaurri se retiró en mayo, pero un pariente más joven todavía trabaja para la agencia.
Ahora, la propiedad de mil 300 acres de la familia en la zona rural de Dolores es vulnerable al plan de la administración de Trump de construir 500 millas de un nuevo muro fronterizo para finales de 2020. Más de cien millas de ese muro se construirían en Texas, atravesando miles de terrenos privados.
No está claro en qué parte de la propiedad se construirá el muro. Sin embargo, como en otras partes del sur de Texas, se espera que sea erigido al norte del río, lo que para Vidaurri es como ceder tierra y agua a México. La Patrulla Fronteriza ha prometido ser sensible a las necesidades de los dueños de terrenos, pero Vidaurri teme que perderá el acceso al cementerio y al agua del río de la cual depende para regar sus campos de heno.
“Es como ir a Gettysburg o Bunker Hill y decir, ‘Pongamos un muro aquí’. Es nuestra historia”, dijo la semana pasada Vidaurri, de 61 años. “Cuando nuestra nación nos ha necesitado, hemos respondido. ¿Por qué deberíamos sacrificarnos de nuevo?”
Los abogados que trabajan con los residentes advierten que poco pueden hacer para detener la construcción y que tendrán que pelear por una compensación justa.
En febrero, el presidente Donald Trump declaró una emergencia nacional en la frontera, desviando 3.6 mil millones de dólares en fondos del Pentágono para el muro. El Congreso ya se había negado a permitir que la administración gastara más de mil 375 millones de dólares para ello.
La semana pasada, un juez federal en Texas dictaminó que la proclamación de emergencia del presidente era ilegal y emitió un mandato judicial a nivel nacional que impedía a la administración utilizar el dinero del Pentágono, pero el juez determinó que podría aprovechar un fondo separado de dos mil 500 millones de dólares para la interdicción de drogas, permitiendo que la construcción procediera.
Hasta ahora, la administración ha hecho construir unas 90 millas de muro fronterizo, en su mayoría reemplazando las cercas existentes, según un informe del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EU de este mes. En octubre, la administración comenzó a construir 13 millas de muro en el Valle del Río Bravo de Texas, donde ha emitido contratos este año para construir otras 83 millas de muro. El gobierno también comenzó a construir 166 millas más de muro este año en las zonas fronterizas cerca de Tecate, México; El Centro, California; El Paso; Tucson y Yuma, Arizona.
Los tres mil 600 millones de dólares en fondos del Pentágono en cuestión en la corte federal han sido destinados para construir otras 175 millas de muro fronterizo alrededor de El Centro, El Paso, San Diego, Yuma y Laredo, Texas; incluyendo en el rancho de Vidaurri.
La Patrulla Fronteriza declaró en un comunicado esta semana que todavía está “en proceso de determinar los requisitos de bienes raíces” para la construcción de porciones del muro fronterizo en el área del rancho de Vidaurri. “Estos lugares no cuentan actualmente con fondos para la adquisición de bienes raíces o la construcción de un nuevo sistema de muro fronterizo y el número total de millas depende de la cantidad de fondos recibidos”, apuntó.
El comunicado reconoció que la agencia y el Cuerpo de Ingenieros están contactando a los dueños de las propiedades para inspeccionar sus terrenos. Los oficiales de la Patrulla Fronteriza planean contactar a los dueños de las tierras sobre los sitios históricos en el camino del muro y estarán “desarrollando medidas que evitarán o minimizarán los impactos a estas áreas sensibles en la mayor medida posible”, enuncia el comunicado.
La familia de Vidaurri y otros terratenientes ya recibieron cartas de “derecho de entrada” del gobierno federal que buscan inspeccionar sus ranchos, un primer paso para registrar las tierras a través del eminente proceso legal de dominio. En el pasado, muchos terratenientes del sur de Texas han dado su consentimiento a tales inspecciones y finalmente han vendido (a menudo con pérdidas) de acuerdo con Ricky Garza, un abogado de la organización sin fines de lucro Texas Civil Rights Project, que está ayudando a Vidaurri y a media docena de otros propietarios que han recibido las cartas.
Después de que la Secure Fence Act fue aprobada en 2006, financiando parcialmente 700 millas de nuevo muro fronterizo, los propietarios de tierras del sur de Texas con abogados expertos consiguieron que el gobierno les pagara millones por propiedades en el camino del nuevo cerco fronterizo mientras que otros recibieron mucho menos.
“Algunas de las mismas preocupaciones saldrán a relucir en este caso”, advirtió Garza. “Está sucediendo y rápido”.
Por ley, el gobierno está obligado a ofrecer una compensación justa por la tierra, pero pueden incautarla en tan sólo 90 días, lo que da a los propietarios muy poca influencia en las negociaciones, señaló Garza. Los funcionarios federales a veces deciden en última instancia que no pueden construir pero que aún así se quedan con el terreno.
“Probablemente no vamos a poder bloquear el muro en la propiedad de nadie. Este tendrá que ser un caso de compensación justa”, argumentó Garza. “No hay mucho que los propietarios puedan hacer porque la ley es muy favorable al gobierno”.
El gobierno federal presentó este mes su primer caso de adquisición de tierras para requisar cerca de 13 acres en el Valle del Río Bravo, ofreciendo al propietario 93 mil 449 dólares (o cerca de siete mil 200 dólares por acre). Desde entonces, el gobierno ha presentado otras dos demandas federales para requisar los terrenos donde planea construir el muro, de acuerdo con los registros de la corte, pero la cantidad de la compensación varió. El gobierno ofreció a un propietario unos cuatro mil 200 dólares por acre por seis, y al otro (un prominente granjero local) unos 13 mil 500 dólares por acre por una extensión de 23.
El rancho Vidaurri cuenta con seis mil acres pero ha disminuido a mil 300, divididos entre ocho hermanos. El mes pasado, la hermana de Mauricio Vidaurri, Cynthia Silva, recibió una carta de derecho de entrada. La familia contrató a un abogado y hasta ahora no ha accedido a dejar que el gobierno haga una inspección, afirmó Vidaurri.
Durante su visita al rancho la semana pasada, Vidaurri señaló las ruinas de la cabaña de arenisca donde nació su padre. La familia bautizó a su rancho con el nombre de esa arenisca nativa, La Laja. Vidaurri ha traído a sus tres hijas y nietos para ver las marcas de herramientas que sus ancestros hicieron al tallar la piedra.
Su padre, Roberto Vidaurri, le enseñó a marcar el ganado y compartió sus historias de guerra: cómo se unió a los infantes de marina cuando era adolescente, entrenado en la infantería en el Campamento Pendleton, fue herido en una pierna en Iwo Jima antes de ver a las tropas izar la bandera de Estados Unidos en el Monte Suribachi. Cuando murió hace tres años, fue enterrado con un trozo de mortero japonés todavía en la pierna.
“Realmente me duele que pueda perder a mi padre por un muro de vanidad”, criticó Vidaurri. “No tiene sentido cuando se tiene una tecnología mejor”.
Como independiente registrado, apoya a la Patrulla Fronteriza y ha permitido que sus agentes recorran el rancho e instalen cámaras y sensores de vigilancia. Cuando los contrabandistas irrumpieron en la casa del rancho de su padre hace tres años, los agentes ayudaron a ahuyentarlos. A él le gustaría ver más agentes patrullando el área y no cree que un muro disuada de cruzar la frontera de manera ilícita.
Su familia también ha rentado partes del rancho a compañías energéticas y a cazadores, y no están seguros de si u muro causará cambios en esos arreglos.
De pie en el cementerio familiar, Vidaurri confesó que siente que es su deber luchar contra el muro, así como las generaciones anteriores defendieron el rancho contra bandidos, forajidos y revoluciones.
“No quisiera que mis antepasados dijeran: ‘No hiciste lo suficiente; esta es nuestra tierra y no la cuidaste'”, concluyó.
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