WASHINGTON — Douglas Waterbury era propietario o administrador de docenas de propiedades de alquiler en y alrededor de Oswego, Nueva York, y durante décadas supuestamente utilizó ese poder para exigir favores sexuales a inquilinas y solicitantes con problemas económicos que estaban desesperados por un lugar donde vivir.
Waterbury amenazaba a mujeres con desalojarlas si se negaban a participar en actos sexuales con él, según una demanda civil presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2018. Las manoseaba, se presentaba sin previo aviso en sus casas y ofrecía reducir o renunciar a pagos de renta a cambio de sexo. Para vengarse de las mujeres que lo desafiaban, se negaba a hacer reparaciones necesarias.
Es una historia familiar en muchas comunidades de bajos ingresos: las mujeres pobres, especialmente las de color, son las más propensas a ser víctimas de acoso sexual por la vivienda. Pero muchas son reacias a acusar a los propietarios que ejercen un tremendo poder sobre sus vidas.
“Hay un nivel de vergüenza que sienten, porque son pobres”, señaló Rigel Oliveri, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Misuri y autor de un estudio en 2018 sobre el problema. “Se sienten mal por no pagar la renta. (Su actitud es) ‘soy una mala inquilina, esto es lo que debo soportar'”.
Puede que eso esté cambiando.
En 2019, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) recibió 246 quejas de acoso sexual relacionado con la vivienda, más del doble de las 103 quejas que recibió en 2017, según la agencia.
Un informe reciente de la Alianza Nacional para la Vivienda Justa afirma que “el creciente escrutinio del acoso sexual en la vivienda ha llevado a un número sin precedentes de casos contra los proveedores de vivienda”. En el informe también se señala que en 2018, el Departamento de Justicia presentó seis demandas en las que se alegaba una “pauta o práctica” amplia de acoso sexual basado en la vivienda, más que en ningún otro año anterior.
Es probable que el movimiento #MeToo haya contribuido al aumento de las denuncias. Pero el HUD, que es responsable de hacer cumplir las leyes de vivienda justa tanto en viviendas públicas como privadas, también da crédito a una iniciativa conjunta contra el acoso que lanzó en 2018 con el Departamento de Justicia. Entre otros objetivos, la iniciativa pretende sensibilizar al público sobre el tema y facilitar la confesión de las víctimas.
“Las mujeres nos dijeron que nunca supieron que tenían derecho a presentar una denuncia”, declaró a Stateline en una entrevista Anna Maria Farías, secretaria adjunta de la Oficina de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades del HUD.
Cuando era niña y crecía en una vivienda pública, Farías fue testigo de cómo un propietario acosaba sexualmente a su madre. Ella dice que su jefe, el Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ben Carson, tuvo una experiencia similar de niño, por lo que es inflexible en el uso del poder del HUD para reprimir a los delincuentes.
Según Farías, Carson le dijo a su personal: “Cuando se encuentren con esos casos, tírenles libros encima”. (Carson rechazó una solicitud de entrevista con Stateline).
La acción de Carson sobre el tema contrasta con su relativa inacción en los casos de discriminación racial. En una audiencia del Congreso la semana pasada, Carson testificó que la segregación persiste no porque “haya gente como George Wallace parada en la puerta, diciendo: ‘No puedes entrar aquí'”.
“La gente está segregada porque solo pueden permitirse vivir en ciertos lugares”, dijo.
En sus tres años de mandato en el HUD, Carson ha iniciado solo tres casos de discriminación, dos de los cuales se basaban en la raza (uno contra Facebook y otro contra la ciudad de Hesperia, California), muchos menos que sus predecesores.
Los grupos de derechos civiles generalmente le aplauden al HUD por su agresiva búsqueda de demandas por acoso sexual. “Es bueno que estén abordando el acoso sexual”, señaló Lisa Rice, presidenta y directora ejecutiva de la Alianza Nacional de Vivienda Justa. “Es muy crítico y marca una gran diferencia”.
Aún así, Rice y otros dicen que el HUD debería hacer más para combatir otras formas de discriminación en la vivienda, especialmente la discriminación racial.
“La pregunta es, ‘¿El HUD está básicamente tratando de enfrentar a las clases protegidas entre sí para justificar el no enfrentar el asunto de la raza de frente?'”, cuestionó Thomas Silverstein, quien trabaja en temas de vivienda en el Comité de Abogados para los Derechos Civiles.
El pasado agosto, Douglas Waterbury acordó pagar 850 mil dólares en daños, perjuicios y penas civiles para resolver la demanda del Departamento de Justicia y una demanda separada de un grupo de demandantes privados. El acuerdo también prohíbe al antiguo propietario de Oswego rentar o administrar propiedades residenciales.
Shannon O’Connor, la abogada de Waterbury, declinó hacer comentarios y dijo que su cliente no aceptaría una entrevista. “El decreto habla por sí mismo”, aseveró.
Impulsado en parte por el caso Waterbury, el representante John Katko, republicano por Nueva York que representa a Oswego, presentó el mes pasado un proyecto de ley que requeriría que el HUD emitiera un informe anual sobre acoso sexual al Congreso.
La representante Ann McLane Kuster, una demócrata por Nueva Hampshire que copatrocina la legislación, señaló que estaba “sorprendida por la omnipresencia” del problema.
“El propietario tiene una gran influencia en sus vidas, literalmente de vida o muerte”, expuso Kuster. “Especialmente si vives en el invierno del norte de Nueva York y no tienes a dónde ir”.
Oliveri, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Misuri, que procesó casos de acoso sexual como abogado del Departamento de Justicia de 2000 a 2005, dijo que los propietarios depredadores son un “Harvey Weinstein para mujeres que solo necesitan un lugar para vivir”.
En su encuesta de 2018 etre un ciento de mujeres de bajos ingresos en Columbia, Misuri, Oliveri encontró que las que tenían problemas para pagar la renta de un apartamento privado eran las más propensas a ser acosadas sexualmente por los propietarios, administradores de edificios y trabajadores de mantenimiento. Las mujeres que tenían un bono de vivienda o vivían en viviendas públicas eran menos propensas a ser víctimas de este tipo de acoso.
Ante la perspectiva de quedarse sin hogar, muchas mujeres ceden, destacó Oliveri. A veces, las inquilinas que se quejan a la policía son amenazadas con cargos de prostitución porque cambiaron sexo por un lugar donde quedarse, expuso.
“La gran mayoría de estas conductas parecen ser perpetuadas por abogados, propietarios y administradores que actúan por su cuenta”, detalló Oliveri. “Ellos pueden volar bajo el radar. Nadie mira por encima de su hombro”.
Sandra Park, abogada del Proyecto de Derechos de la Mujer de la ACLU, añadió que las inquilinas tradicionalmente tienen menos protecciones contra el acoso que las empleadas. En el lugar de trabajo, profundizó Park, la mayoría de los empleadores tienen políticas que prohíben el acoso sexual y procedimientos claros para presentar quejas. Ese no es el caso típico con los proveedores de vivienda, subrayó.
“Nunca te dicen a quién pudieras denunciar”, dijo Park. “Eso es preocupante cuando el acoso en tu casa se experimenta a menudo de una manera más traumática porque es tu hogar, tu lugar más privado y sagrado”.
Bajo la iniciativa conjunta, el HUD y el Departamento de Justicia están compartiendo datos de acoso sexual y programas de capacitación para el personal. El HUD también ha distribuido un video que incluye tres mujeres que han sido acosadas sexualmente por un propietario o administrador de propiedades.
“Era como decirles: o haces esto o te vas a la calle”, dice una de las mujeres en el video. “La gente no debería ser tratada así porque necesita un lugar para vivir”.
Según la ley federal, el HUD debe administrar y hacer cumplir la Ley de Vivienda Justa. Si el Departamento encuentra que un propietario está violando las leyes de vivienda justa, la agencia puede poner su propiedad en suspensión de pagos, para evitar que tenga contacto con las inquilinas.
“Es entonces cuando la gente se da cuenta de que vamos en serio”, comentó Farías. “Hay un precio que pagar”.
El Departamento de Justicia a menudo se encarga de casos más grandes de “patrón o práctica” que involucran a múltiples mujeres que se quejan del mismo propietario, según Robert Schwemm, experto en vivienda justa y profesor emérito de la Facultad de Derecho J. David Rosenberg de la Universidad de Kentucky.
“El Departamento de Justicia ha hecho un trabajo bastante activo en la administración de Trump presentando quejas de acoso sexual”, puntualizó Schwemm.
Sin embargo, algunos críticos piden que el HUD haga más. Sara Pratt, una abogada del HUD durante la administración de Obama, agregó que bajo Carson, el Departamento ha evitado ir tras los grandes propietarios corporativos. Pratt enfatizó que el HUD en la era de Obama se centró en casos más grandes, lanzando una amplia red para identificar múltiples víctimas de acoso sexual.
“El patrón no es el mismo para el HUD en la administración de Trump”, recalcó Pratt. “Lo que se ve en el HUD ahora son investigaciones individuales, casos individuales y pequeños acuerdos”.
Pero Farías señaló que el HUD “reclama la victoria” con su iniciativa cada vez que se resuelve un caso.
“El caso de cada víctima es importante”, concluyó Farías. “Estamos igualmente orgullosos de todos nuestros casos resueltos por el alivio y la justicia que nuestros acuerdos proporcionaron”.
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