LOS ÁNGELES — Hace más de una década, Los Ángeles dejó de encarcelar a las personas por dormir en las calles, un compromiso establecido en un acuerdo judicial que impidió que la policía aplicara las leyes que prohíben campamentos en espacios públicos hasta que la ciudad pudieraconstruir más viviendas para personas sin hogar.
Ese acuerdo de 2007, comúnmente conocido como el acuerdo de Jones, se produjo un año después de una sentencia del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos que encontró que la remoción de campamentos de desamparados en L.A. eran castigos crueles e inusuales. En septiembre pasado, en un caso de Boise, Idaho, el mismo tribunal emitió un fallo similar, determinando que procesar a las personas por dormir en la acera cuando no hay suficientes refugios o viviendas era inconstitucional.
El último fallo convirtió lo que se suponía era un acuerdo provisional en Los Ángeles en un freno radical y potencialmente indefinido a los poderes de la policía en nueve estados del oeste, incluido California, donde la escasez de viviendas asequibles y una explosión de personas sin hogar han hecho que la creación de suficientes refugios sea una propuesta difícil, si no es que imposible.
Ahora, Theodore B. Olson, un héroe legal conservador que ha argumentado 63 veces ante la Corte Suprema de EU, lanzó una apelación que podría restablecer la autoridad de L.A. para desalojar los campamentos en las calles por la noche, y revertir el cambio gradual de la ciudad hacia la despenalización de la falta de vivienda y la liberalización de sus políticas.
La Corte de Estados Unidos recientemente otorgó a Olson y al abogado Theane Evangelis una extensión para solicitar a los jueces que se ocupen del caso, Martin vs Ciudad de Boise, en el primer paso en una apelación.
Los abogados, ambos de Gibson, Dunn and Crutcher, una poderosa firma de abogados con oficinas en L.A., citaron la “crisis urgente y el desafío de salud pública” de los campamentos en expansión. Argumentan que los barrios marginales atrapan a las personas sin hogar en condiciones peligrosas que les impiden buscar refugio y servicios.
Eric Tars, director legal del Centro Legal Nacional para Personas sin Hogar y Pobreza, declaró que era “falso” argumentar que las ciudades no pueden ayudar a las personas en los campamentos, o que las personas sin hogar no usarán refugios si están limpios, seguros y disponibles.
Tars, quien, trabajando con otro gran bufete de abogados, Latham and Watkins, y los Servicios de Ayuda Legal de Idaho llevó el caso de Boise al Noveno Circuito en nombre de seis personas sin hogar, mencionó que castigar a dichas personas por dormir al aire libre les impone historiales de arresto y multas que no pueden pagar que les impiden conseguir trabajo y vivienda.
Evangelis, cuya oficina en Los Ángeles se encuentra a pocas cuadras de los campamentos de las calles del centro, comentó que, como la mayoría de los angelinos, había seguido las noticias sobre el tema de las personas sin hogar “con interés” antes de decidir que el caso merecía la atención de la corte.
“Este es un caso importante que justifica la revisión de la Corte Suprema”, recalcó, “y me acerqué a la ciudad (de Boise) para ofrecer nuestra ayuda”.
Mike Journee, un portavoz de Boise, declaró que varias firmas de abogados se acercaron a la ciudad ofreciéndose para presentar una apelación. Pero Gibson, Dunn and Crutcher presentó una “gran oferta”: una tarifa fija de alrededor de 300 mil dólares, que está muy por debajo de las tarifas habituales del despacho. Los abogados también demostraron interés y experiencia en el tema, comentó.
El tribunal superior solo toma 70 de las nueve mil solicitudes de apelación al año, según Erwin Chemerinsky, decano de leyes de la Universidad de California, Berkeley. Y no está claro si los jueces escucharán este caso.
En abril de 2019, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos se negó a reconsiderar el fallo de Boise. Pero en un desacuerdo inusual, el juez Milan Smith Jr. respondió que la opinión rompió con el precedente de la Corte Suprema y otras cortes de apelaciones, una clara invitación a la corte superior para que interviniera, estimaron expertos legales.
Olson, quien se desempeñó como procurador general bajo el mandato del ex presidente George W. Bush, cuenta con décadas de experiencia ante el tribunal, así como con excelentes credenciales conservadoras y legales que coinciden con las de la mayoría de los jueces del tribunal superior.
En el caso Bush vs Gore, persuadió a los jueces de que abandonaran un recuento de votos en Florida, poniendo al candidato republicano en la Casa Blanca. En uno de los casos que involucró a Citizens United, ayudó a derribar los límites de financiamiento de campaña de intereses especiales y se pronunció contra el ex presidente Bill Clinton y Hillary Rodham Clinton.
Más recientemente, con el abogado David Boies en el caso Obergefell vs Hodges, lideró la batalla de la Corte Suprema para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, molestando a algunos de sus aliados conservadores.
Evangelis asesoró brevemente a la Central City Association a principios de este año sobre un asunto relacionado con las persona sin hogar. Pero Jessica Lall, directora ejecutiva del grupo empresarial del centro de L.A., quien generalmente apoya la restricción de los campamentos, reveló que no está financiando o participando en la apelación.
Chemerinsky, quien también es un destacado erudito constitucional, agregó que duda que la Corte Suprema se ocupe del caso Boise.
“El Noveno Circuito hizo bien”, aseveró. “Una ciudad no puede criminalizar a alguien por ser una persona sin hogar”.
En su disentimiento, Smith, a quien se le unieron cinco jueces en el Noveno Circuito, apuntó que el fallo de Boise había comenzado a “causar estragos” en el gobierno local, y predijo que conduciría al abandono de leyes contra la defecación y micción en público, y obligaría a las ciudades a realizar inversiones ruinosas en albergues o viviendas.
Smith incluyó en el expediente una fotografía de tiendas de campala en una acera del centro de Los Ángeles, afirmando que la decisión de Boise “ató de manos a los funcionarios públicos que intentan abordar la grave preocupación social de las personas sin hogar”.
La jueza Marsha Berzon, quien escribió la decisión original en el caso, se opuso a la inclusión de la foto de Smith catalogándola como fuera del alcance del caso y declaró que su disentimiento era una “presentación distorsionada de los problemas”. Ella calificó la decisión de “estrecha” y concluyó que el tribunal no estaba diciendo a las ciudades cómo lidiar con sus campamentos, sino más bien que dejara de procesar a las personas sin techo que no cuentan con otras alternativas.
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