OTTAWA, Illinois – El abogado defensor Eric Miskell representó a numerosos narcotraficantes a lo largo de los años, y según su versión era bueno en su trabajo. Sabía cómo encontrar resquicios y tecnicismos que hacían que se invalidaran testimonios, se desecharan pruebas y se retiraran cargos.
Pero hace tres meses, experimentó un cambio de opinión radical con respecto a su trabajo cuando una antigua cliente llamada Nickie Martin fue encontrada desplomada en la cama de un motel. Había muerto de una sobredosis de heroína y fentanilo
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Miskell estaba aturdido. Él había visto a Martin apenas unas horas antes, y por lo que él sabía, a ella le estaba yendo bien. Había recibido buenos reportes del centro donde recibió tratamiento para su larga adicción y recientemente había recuperado la custodia de dos de sus hijos.
Su muerte fue el tipo de tragedia que se ha convertido en algo común en esta pequeña comunidad 75 millas al suroeste de Chicago. El Condado de LaSalle tuvo 39 sobredosis fatales en 2018, lo que, dada su población de 110,000 habitantes, representó una de las tasas de mortalidad más altas relacionadas con los opioides en Illinois.
“Casi golpeó a la comunidad como una bomba nuclear”, dijo Brian Vescogni, un ex fiscal de drogas que ahora se dedica a la práctica privada. “No estábamos preparados para ello, y ha empeorado. Sin (el medicamento para revertir la sobredosis) Narcan, tendremos al menos 20 personas muertas al mes”.
Martin, de 31 años, no fue la primera de los clientes de Miskell en morir por una sobredosis, pero la inutilidad del trabajo que llevó a su recuperación lo enojó. Estaba furioso con quien le suministró las drogas fatales a Martin, y creía que si el traficante alguna vez era atrapado, el castigo prescrito por la ley sería insuficiente.
Miskell prometió dejar de representar a los traficantes de drogas acusados. Luego, sentado en su despacho de abogados después de la sacudida que representó la muerte de Martin, fue aún más lejos: redactó una carta de tres páginas dirigida al gobernador J.B. Pritzker y al presidente Donald Trump, argumentando que la guerra contra las drogas no ha sido lo suficientemente dura.
“Le estoy pidiendo al estado de Illinois y al gobierno de los Estados Unidos que consideren la venta de opioides ilegales como un acto de terrorismo interno y que los terroristas vendedores sean castigados en consecuencia”, escribió. “Todas las ventas ilegales de opioides deben ser un delito grave de clase X, independientemente de su monto, con una sentencia mínima de 12 años como condena por primera vez”.
Fue una propuesta notable proveniente de un abogado defensor. Y como es de esperar, no ha sido bien recibida por parte de otros en esa línea de trabajo.
“Un gran número de los (vendedores de opioides acusados) que represento son adictos; en general, están tratando de mantener sus propios hábitos”, dijo el Defensor Público del Condado de LaSalle, Tim Cappellini. “Ponerlos en la cárcel iría totalmente en contra de la tendencia de tratar de obtener tratamiento para muchas de estas personas”.
Pero Miskell dijo que los opioides, que cobraron cerca de 50 mil vidas estadounidenses en 2017, son diferentes de otras drogas. Todos los integrantes de la cadena de distribución ilegal, desde extranjeros a vendedores en las esquinas, saben que están vendiendo una sustancia potencialmente letal y deben ser tratados en consecuencia, dijo.
“¿En qué momento te sientes lo suficientemente frustrado como para decir que tienes que hacer algo?”, comentó. “Cada día mueren más personas por sobredosis de heroína en este país que en las zonas de guerra en Irak y Afganistán. ¿Cómo (imprperio) sucede eso?
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La historia de Nickie Martin es tristemente familiar en la era de los opioides. Su familia dijo que era una alumna del cuadro de honor en su niñez en Ottawa. “Nunca tuvo que llevar un libro a casa y obtenía calificaciones de A”, dijo su padre, Don Martin, pero se desvió a los 15 años cuando un novio la introdujo a la heroína.
A partir de ahí, su vida fue una serie de desastres. Fue arrestada una y otra vez y pasó dos años encarcelada por cargos de falsificación. Sus padres dijeron que tuvo una sobredosis al menos una docena de veces, incluso cuando estaba embarazada.
La familia gastó miles de dólares en programas de tratamiento, pero nada pareció funcionar, dijo su padre.
“La tuvimos en un solo lugar durante tres meses”, comentó. “Dijeron que había un 98% de probabilidades de que estuviera limpia, nunca querría volver a hacerlo. Bueno, ella debe haber sido el 2%. Regresó aquí y, a los dos meses, se reunió con su grupo de nuevo y la hicieron drogarse”.
Miskell conoció a Martin en 2017 cuando acudió a buscar ayuda en un caso de manutención infantil. Terminó representándola cuando fue arrestada por conducir bajo la influencia de drogas, y llegó a verla como un “proyecto”, alguien que merecía asistencia adicional.
“Pensé que era inteligente”, dijo Miskell. “Se expresaba bien. Parecía tan decidida a vencerlo. … Estaba lista para dar un paso adelante, mejorar y convertirse en mamá”.
La mantuvo fuera de la cárcel, la guió y la ayudó a recuperar a dos de sus hijos (el tercero, un niño de tres años, permaneció bajo la tutela de los padres de ella). Por lo que él pudo ver, la ayuda estaba funcionando: a principios de abril, se encontró con ella fuera del juzgado del Condado de LaSalle cuando se dirigía a ver a su oficial de libertad condicional, y pensó que estaba en buena condición.
No lo estaba. Sus padres dijeron que había vuelto a consumir heroína después de meses de abstinencia, y que acababa de regresar a Ottawa de otro centro de tratamiento. Según un reporte policial, le dijo a un conocido que estaba sufriendo de síntomas de abstinencia después de abandonar un programa de metadona.
Martin nunca llegó a su cita de libertad condicional. El departamento llamó a la policía cuando no se presentó y, esa tarde, los agentes encontraron su cuerpo en una habitación de motel.
El expediente del caso dice que los agentes entrevistaron a alguien que reconoció haber vendido a Martin unas pastillas de clonazepam, un medicamento contra la ansiedad. Pero nadie ha sido arrestado por proporcionar a Martin la heroína y el fentanilo que le causaron la muerte.
“Es difícil rastrear eso a (un distribuidor específico) después del hecho, ese es el problema”, dijo el jefe de policía de Ottawa, Brent Roalson.
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La muerte de Martin cristalizó las dudas que Miskell había albergado durante meses. Cuando los pequeños traficantes de drogas no escapaban del todo al castigo, dijo, estaban recibiendo libertad condicional, una sentencia que consideraban el costo de hacer negocios.
Él llegó a ver el negocio ilegal de opioides como terrorismo, un grupo internacional y organizado de delincuentes que intenta provocar muertes. Tuvo poca simpatía por cualquiera de los participantes, incluso los que venden para alimentar sus adicciones.
“Estoy hablando de todos ellos”, dijo. “Si eres un pequeño pandillero que está caminando y vendiendo a la gente de tu vecindario, vete. Eres un terrorista Eres parte de la célula delictiva. En cada nivel, cada una de estas personas debe ser responsabilizada”.
Envió su carta describiendo la propuesta a Pritzker y Trump cuatro días después de la muerte de Martin. La oficina del gobernador le devolvió una carta con una carta formulario: “Aprecio escuchar de usted sobre asuntos que son importantes en su vida”, mientras que la Casa Blanca no ha respondido.
Un portavoz de Pritkzer no devolvió un mensaje del Chicago Tribune en busca de comentarios. La Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas dijo que la administración de Trump “está procesando a más traficantes de fentanilo que nunca antes” y apoya la legislación que endurecería las sentencias penales relacionadas con la droga.
William Banks, un profesor de derecho que fundó el Instituto para la Seguridad Nacional y el Contraterrorismo en la Universidad de Syracuse, dijo que definir el tráfico de opioides como terrorismo sería una exageración. Según la ley, dijo, el terrorismo se trata de “atemorizar a la población en general a través de la amenaza o la ejecución real de la violencia”, y los delitos relacionados con las drogas no parecen calificar.
La ley de terrorismo de Illinois también parece demasiado estrecha para cubrir el tráfico de drogas. El abogado de Chicago, Tom Durkin, quien defendió a tres hombres acusados ??bajo el estatuto por supuestamente tramar actos de violencia durante las protestas de la OTAN en 2012, dijo que requiere una motivación política.
“No veo cómo ni por qué alguien querría procesar la distribución de heroína bajo un estatuto de terrorismo”, dijo. “Las sanciones (para el tráfico) ya son extremadamente altas, por lo que no entiendo cuál sería el sentido”.
Miskell admitió que las probabilidades de éxito no eran buenas, pero dijo que el presidente todavía podría llevar la propuesta a la conciencia pública. Tratar a los narcotraficantes como si fueran terroristas sería un problema importante que ningún demócrata apoyaría, dijo, e impulsaría a los temas favoritos de Trump como la delincuencia y la seguridad fronteriza.
“Si tuviéramos aparatos normales en la política en este momento, ¿cuál sería el punto?”, declaró al Tribune. “Pero escribes un buen artículo y recibiré un tuit”.
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Más cerca de casa, es difícil encontrar apoyo para el plan de Miskell. La Asociación de Abogados de Defensa Criminal de Illinois calificó de “inconcebible” que un abogado defensor promueva sanciones más severas. Cappellini, el defensor público, dijo que “ciertamente no es una buena idea”.
Roalson dijo que el Departamento de Policía de Ottawa, como muchos otros, se está alejando de un enfoque punitivo. Él ha ayudado a los consumidores de drogas a recibir tratamiento, dijo, y no cree que los vendedores de bajo nivel que luchan contra la adicción merezcan la prisión.
“Es difícil generalizar que cualquier persona que proporcione una sustancia ilegal como esa debe ser responsabilizada por un acto terrorista”, dijo.
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