TIJUANA, México — María del Carmen Pérez está atrapada en lo que ella llama una situación imposible.
La madre soltera de 40 años ha estado viviendo con sus dos hijos en un refugio para migrantes en Tijuana desde abril. Ella es una de los más de 15 mil solicitantes de asilo que son enviados de regreso a México mientras esperan que sus casos de inmigración se resuelvan en el marco del programa de Protocolos de Protección al Migrante, conocido como “Remain in México”.
La próxima audiencia de Pérez es el 10 de agosto. Mientras tanto, no puede hacer más que esperar.
Eso es porque no puede trabajar legalmente en Tijuana. Incluso si pudiera hacerlo, no puede dejar a sus dos hijos solos en el refugio.
“En este momento, no sé qué haré”, expresó.
Pérez y los otros cinco mil 300 solicitantes de asilo en Tijuana, más otros tres mil 100 en Mexicali, se ven obligados a esperar indefinidamente en un país extraño y hostil sin una vivienda estable o una fuente de ingresos, mientras que sus solicitudes de asilo se movilizan a través de un sistema de tribunales de inmigración atascado por una pesada carga de trabajo.
“Los procedimientos de asilo son muy complicados”, advirtió Monika Langarica, abogada de base de la American Civil Liberties Union (ACLU) en los condados de San Diego e Imperial. “Las personas que buscan asilo son personas vulnerables. Lo que esto hace es obligar a los migrantes que ya son vulnerables a ponerse en situaciones peligrosas e imposibles. Terminan con el riesgo de quedarse sin hogar, están sometidos a peligros y pasan apuros para mantenerse a sí mismos y a sus familias”.
Ante estos obstáculos, algunos de los solicitantes de asilo se dan por vencidos.
El viernes por la mañana, en el refugio de Tijuana donde viven Pérez y sus hijos, una migrante guatemalteca decidió regresar a su hogar. Otros optan por presentar una solicitud de asilo en México o intentan cruzar ilegalmente a los Estados Unidos sin ser atrapados.
La ausencia de quienes abandonaron su caso se percibe en los tribunales de inmigración donde sus casos son cerrados porque los migrantes no se presentan.
Los supervisores judiciales están presenciando un número creciente de casos de Protocolos de Protección al Migrante donde los solicitantes de asilo no comparecen ante el juez.
“Hubo varios días en los que quizá no compareció la mitad de los citados en la agenda”, comentó Kennji Kizuka, investigador principal y analista de políticas para la organización sin fines de lucro Human Rights First.
Kizuka pasa varios días en Tijuana, Mexicali y San Diego monitoreando el programa de los Protocolos de Protección al Migrante (o MPP, por su sigla en inglés). Además de los riesgos de seguridad, señaló que la falta de acceso a permisos de trabajo, guarderías y opciones de vivienda estable son algunos de los principales obstáculos para los solicitantes de asilo que fueron regresados a México.
“No creo que hayamos conocido a alguien que haya recibido un permiso de trabajo a través del programa MPP”, señaló. “La gran mayoría de las personas que conocimos no estaban trabajando, o bien, no se sentían seguros para salir al no contar con autorización, pensaban que no podrían encontrar trabajo”.
Funcionarios estatales de Baja California declararon que los migrantes que han sido regresados a México son bienvenidos para obtener un permiso de trabajo mediante la solicitud de visas humanitarias. Sin embargo, ese mensaje no se está comunicando a los solicitantes de asilo o activistas que trabajan con ellos.
Al sur de El Paso, en el estado mexicano de Chihuahua, los funcionarios anunciaron el viernes que ofrecerán a los solicitantes de asilo regresados a México según el MPP, un permiso de trabajo temporal. No existe tal programa en Baja California.
Pese a que no cuenta con un permiso de trabajo, Pérez encontró uno en una cocina. Le pagaban 13 dólares por día menos 3 dólares por costos de transporte. Sin embargo, el refugio solo le permite trabajar tres días a la semana porque no quieren que las madres dejen a sus hijos desatendidos.
Cuando Pérez informó en la cocina que solo podía trabajar tres días a la semana, dijo que la despidieron.
“Es muy difícil porque tengo dos hijos y no puedo dejarlos solos aquí”, agregó.
Cuanto más tiempo permanecen las personas en Tijuana, más desconfían de su precaria situación de vivienda.
En el refugio de mujeres y niños Madre Asunta, donde vive Pérez, existe la preocupación sobre cuánto tiempo podrán permanecer los solicitantes de asilo.
Tradicionalmente, los refugios de Tijuana son paradas temporales para migrantes que se dirigen al norte o deportados que se adaptan a la vida en México. Pero en este caso, algunos de los solicitantes de asilo tienen que esperar para las fechas de sus audiencias en agosto, septiembre e, incluso, noviembre.
Josefina Sales Gregorio, de 26 años, una solicitante de asilo originaria de Guatemala que ha permanecido allí durante tres meses, escuchó el rumor de que el refugio podría pedirles que se fueran a algunas de las familias que han estado ahí más tiempo. Su próxima audiencia judicial es el 10 de agosto.
“Quizá sea mejor volver a mi país”, argumentó.
Gregorio teme que su hijo de tres años y su hija de nueve, sean acosados en el refugio.
Pero ir a casa no es una opción para todos. Muchos de estos solicitantes de asilo se fueron de casa porque sus vidas fueron amenazadas por pandilleros.
Bani Pérez, de 32 años, huyó de Guatemala después de que una pandilla incendió su negocio por negarse a pagar una cuota de extorsión y luego secuestró a su hijo de 15 años en diciembre. Ella no ha visto ni oído nada de su hijo desde entonces.
“No puedo volver a Guatemala”, indicó.
Llegó a Tijuana el 3 de mayo y tiene una audiencia en la corte programada para el 8 de agosto.
Mientras estos migrantes pasan apuros, grupos en los Estados Unidos están tratando de frenar la política que los obliga a regresar a México.
La administración Trump inició el programa piloto en San Ysidro en enero como respuesta a la cantidad de solicitantes de asilo procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador.
“El Departamento de Seguridad Nacional está ejerciendo su autoridad legal para ayudar a aliviar esta crisis humanitaria y de seguridad con el fin de proteger a nuestra nación”, declaró la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, sobre el programa cuando inició. “Apreciamos el apoyo y la colaboración del Departamento de Justicia en todo este proceso”.
En febrero, la American Civil Liberties Union y el Southern Poverty Law Center impugnaron la política en los tribunales, alegando que la administración de Trump no había considerado suficientemente los peligros que enfrentan los inmigrantes en México. Un juez federal frenó temporalmente el programa en abril, pero un juez del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito concedió la solicitud del gobierno federal para que permaneciera, lo que permite que el programa continúe hasta que se tome una decisión final sobre el caso.
Un sindicato que representa a los agentes de asilo federales declaró recientemente que el programa MPP es “fundamentalmente contrario a la moral y al tejido de nuestra Nación”.
“Al obligar a una población vulnerable a regresar a un territorio hostil donde es probable que sufran persecución, el MPP abandona nuestra tradición de brindar un refugio seguro a los perseguidos y viola nuestra obligación legal internacional y nacional”, escribió el sindicato en un breve informe al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.
Pero mientras el MPP sigue vigente, los migrantes como Pérez simplemente esperarán en Tijuana con la esperanza de permanecer en sus refugios el tiempo suficiente para su próximo día en la corte.
“Les digo a mis hijos que se comporten porque podrían echarnos si hay problemas”, dijo.
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