WASHINGTON — En medio de las protestas nacionales por los abusos de la policía contra la población afroamericana, algunos activistas de las libertades civiles están pidiendo a Amazon que ponga fin a sus asociaciones con las agencias del oden a través de sus cámaras de vigilancia para el hogar Ring.
“Estos registros de las cámaras solo servirán para agravar las formas de discriminación existentes que están desenfrenadas dentro de la policía y el sistema de justicia penal”, comentó Evan Greer, subdirector de Fight for the Future, una organización sin fines de lucro de activismo en favor de los derechos civiles centrada en la tecnología.
“Aceleran y automatizan los procedimientos policiales de maneras que significan que las comunidades que ya son excesivamente vigiladas sean sometidas a una represión policial aún mayor”.
La semana pasada, Amazon impuso una moratoria de un año en el uso de su tecnología de reconocimiento facial por parte de la policía, una acción que se considera una respuesta a las protestas, aunque Amazon no llegó a declararlo. Ring no respondió a una solicitud de Stateline de comentarios sobre si está reevaluando su trabajo con la policía, el cual incluye pedir a los residentes que proporcionen videos cuando se haya suscitado un crimen.
Más allá de Ring, muchas agencias del orden han estado adoptando un sistema menos sofisticado de registro de cámaras basado en la información ofrecida voluntariamente por los residentes.
Los registros, que pueden ser una simple lista de domicilio, la colocación de cámaras y la información de contacto, tienen el potencial de ampliar las redes de vigilancia de la policía. Un crimen ocurre en tu calle, y la policía sabe que tienes una cámara de vigilancia en tu casa o en el timbre, así que te llaman y te piden que compartas las imágenes. Para la policía, es una herramienta valiosa para agilizar las investigaciones.
Aunque los registros son voluntarios para las personas que comparten información sobre su cámara, cualquiera que pase frente a una cámara podría ser capturado por sus ojos vigilantes.
Eso preocupa a Matthew Guariglia, analista de políticas de la Electronic Frontier Foundation, una organización internacional sin fines de lucro dedicada a los derechos de privacidad digital.
“Cuando miras constantemente a través de la lente de la sospecha, a través de la puerta principal tomas decisiones rápidas sobre quién pertenece a tu comunidad y quién no”, señaló Guariglia, quien estudia las razas y la vigilancia policial.
“Ves a alguien que no reconoces, y piensas que hará algo indebido”, comentó. “Esto tiene que ver absolutamente con la raza del individuo”.
La idea de las cámaras en las investigaciones policiales no es nueva. Las grabaciones en blanco y negro se han usado para la vigilancia durante años. Pero nuevos productos que cuestan apenas 100 dólares y se conectan con un teléfono celular hacen que el mercado sea mucho más accesible. Y cuanto más gente tiene cámaras, más atractivo se vuelve su potencial para la policía y los funcionarios del gobierno.
Más localidades se están uniendo a la tendencia del registro. Al menos 75 departamentos de policía y municipios en 21 estados anunciaron programas desde 2018, según una revisión de Stateline.
“Creo que para las fuerzas del orden es fácil entender el atractivo”, dijo Lior Strahilevitz, profesor de la Facultad de Derecho de la University of Chicago. “Hay muchos casos en los que si hubiera habido un transeúnte en esa esquina en ese momento, el crimen pudo haberse resuelto”.
Los registros vienen en una variedad de formas: algunos una simple hoja de cálculo, otros una cuenta más sofisticada con proveedores como un programa operado por Motorola llamado CityProtect. (Una vocera de Motorola se negó a dar un número específico, pero dijo que “cientos” de agencias de policía usan su servicio CityProtect para inspeccionar cámaras y/o reportar crímenes.) Los registros pueden incluir cualquier tipo de cámara desde Ring y Nest hasta marcas menos conocidas.
Hace alrededor de un año, el departamento de policía de Vancouver, Washington, inició un registro. Más de 120 cámaras han sido registradas, declaró Kim Kapp, la coordinadora de información pública del departamento. El registro se mantiene en una hoja de cálculo en su servidor con la información que los residentes comparten con la policía: nombre, domicilio, número de teléfono y descripción de la cámara.
“Las cámaras de la comunidad son una parte muy importante de nuestro mundo hoy en día … que las fuerzas del orden pueden usar para, con suerte, ayudar a resolver crímenes”, dijo Kapp.
Lo que el departamento aún no ha hecho es crear una cuenta a través de la aplicación Amazon’s Neighbors (un complemento de su línea Ring de cámaras de seguridad y timbres). Cualquiera puede unirse a la aplicación y ver un hilo de noticias tipo redes sociales de los usuarios en un radio de cinco millas de su casa.
Las agencias del orden pueden crear cuentas, leer los mensajes y añadir los suyos propios. La policía no puede ver qué usuarios tienen cámaras, pero pueden enviar una solicitud a Ring para obtener imágenes de una zona y horario, que Ring comparte con los propietarios de las cámaras que concuerdan con esa descripción. Los usuarios pueden optar por no hacer estas solicitudes.
El uso de Ring ha crecido rápidamente. En noviembre, cerca de 400 agencias estaban usando la aplicación. En marzo, cerca de mil agencias. Para mediados de junio, ese número había aumentado a más de mil 300 agencias en todos los estados menos tres.
Matthew Kugler, profesor asociado de derecho de la Northwestern University, dijo que utilizados correctamente, los registros de cámaras e incluso el reconocimiento facial pueden ser una herramienta útil.
“Deberíamos permitir su uso en un conjunto de casos y tener cuidado de utilizarlo en otros”, dijo, y añadió que él está más abierto a las cámaras que algunos colegas en el derecho de privacidad.
“Realmente queremos ser capaces de identificar a los malhechores, rastrearlos fácilmente, castigarlos y rehabilitarlos”, afirmó.
Pero es importante señalar que la utilidad y la precisión de la tecnología todavía está en evolución.
“En el entorno actual, mucha gente se está deteniendo para recuperar el aliento”, dijo Kugler, “y eso es probablemente algo bueno”.
En algunos lugares, los funcionarios electos han sido cuidadosos al establecer los registros.
El Concejo de la Ciudad de San José en California implementó un registro de cámaras hace un año. La ciudad de un millón de habitantes en Silicon Valley está dividida en 10 distritos. En el Noveno Distrito, la concejala Pam Foley quiso ir un paso más allá y ofrecer a los residentes reembolsos por comprar cámaras y compartir información con la policía.
El programa de Foley da hasta 100 dólares por persona por una cámara instalada en una casa o negocio. Hasta ahora se han dado más de 30 reembolsos del presupuesto de aproximadamente 9 mil dólares del programa, declaró Foley. Los funcionarios siguieron el modelo de Washington, D.C., que inició un programa de reembolsos en 2016 y ha financiado más de 18 mil 800 cámaras.
“La privacidad es absolutamente una preocupación para mí y para nosotros”, dijo, y agregó que para obtener el reembolso los solicitantes deben acordar no usar las cámaras para ningún “propósito ilegal o de acoso”, como grabar a los vecinos.
“Su principal preocupación es si el departamento de policía tiene acceso a su cámara y si puede ver lo que pasa en ella”, señaló. “El departamento de policía no tiene acceso; solo sabe que existe”.
Para Foley, fue importante que el Concejo Municipal estableciera normas para el departamento de policía.
“Es importante que mantengamos … el control sobre la información que están recopilando y protejamos la privacidad de los ciudadanos respetuosos de la ley”, señaló.
El Concejo Municipal de Baltimore aprobó una ordenanza a principios de marzo para iniciar un programa similar. Según el programa, los residentes que acepten registrar sus cámaras en el programa de la ciudad CitiWatch Community Partnership por al menos dos años pueden obtener un reembolso o un vale de hasta 150 dólares. El dinero se distribuirá primero a los solicitantes en las zonas de alta criminalidad y a los residentes de menores ingresos.
“Es un disuasivo comprobado. Guía a la policía en la persecución y el arresto en delitos violentos”, explicó el concejal demócrata Eric Costello, quien patrocinó el proyecto de ley.
En cuanto a las preocupaciones por la privacidad, Costello agregó: “Es un programa voluntario. Así que si están preocupados por su privacidad no tienen que participar”.
En muchos lugares, los departamentos de policía se unen a Ring o inician sus propios registros y lo anuncian en un sitio web o cuentas de redes sociales.
Pedir a la gente que comparta información con la policía no es algo que requiera aprobación legislativa, indican expertos.
“Solo un registro estrictamente voluntario sin nada más. … No creo que sea gran cosa”, dijo Jay Stanley, analista de políticas de la American Civil Liberties Union (ACLU, por su sigla en inglés). “Si la gente decide notificar a la policía en caso de que lo encuentre útil, está bien”.
Pero es escéptico de que las entidades gubernamentales empujen a la gente a participar, lo que cree que hace un programa de incentivos.
“Creo que la gente compra estas cámaras porque busca empoderamiento”, agregó Stanley. “Yo preguntaría, ¿estás seguro de que te estás empoderando a ti mismo y no a un hacker o a Amazon o a las agencias gubernamentales que quieren ver tus videos?”
Desde 2016, la ACLU ha promovido una política, Community Control Over Police Surveillance, que trabaja para asegurar que los ayuntamientos permitan a los residentes opinar sobre si se utilizan las tecnologías de vigilancia y cómo. Se ha promulgado en cerca de una docena de ciudades y en el estado de Massachusetts.
“Los temas tecnológicos son muy sensibles”, dijo Stanley. “Tiene sentido hablar con las comunidades a las que sirven e indagar en ellas”.
– Este texto fue traducido por Kreativa Inc.
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