WASHINGTON — El primer día que los manifestantes se reunieron afuera del Capitolio de Colorado en mayo para pedir cambios en la policía, la representante estatal Leslie Herod estuvo con ellos.
“Podía escuchar la ira y percibir la frustración, y yo la sentía también”, dijo. “Como funcionaria de elección, me di cuenta de que era hora de actuar”.
Herod, que preside el Black Democratic Legislative Caucus, comenzó a estructurar una legislación para exigir cámaras corporales para los agentes, crear una base de datos de agentes despedidos y prohibir el uso de irritantes químicos durante las protestas. La Cámara de Representantes y el Senado la aprobaron rápidamente y el gobernador demócrata Jared Polis la promulgó.
Solo habían transcurrido 21 días desde esa primera protesta, la cual tuvo lugar tres días después de que un agente de policía de Minneapolis matara a George Floyd, un hombre afroamericano, arrodillándose sobre su cuello durante casi nueve minutos.
La urgencia de las protestas públicas, aunada a las sesiones legislativas interrumpidas por la pandemia del coronavirus, puso a los cambios policiales en la vía rápida en Colorado y otros lugares, dijo Amber Widgery, analista de políticas del programa de justicia penal de la National Conference of State Legislatures.
“Es una respuesta sin precedentes de parte de las legislaturas”, señaló Widgery. “Hemos visto mucha acción. Hemos visto mucha acción rápida”.
Sin embargo, algunos activistas dicen que la legislación solo araña la superficie de problemas policiales profundamente arraigados y forma parte de un patrón de soluciones rápidas que no han resuelto los problemas sistémicos.
Los estados también aprobaron docenas de leyes que regulan el uso de la fuerza por parte de la policía, ordenando capacitación para las interacciones de crisis y requiriendo cámaras corporales después de la muerte en 2014 de Michael Brown en Ferguson, Misuri.
“Una de las razones por las que hay tanta ira ahora es porque hubo esfuerzos. La gente pensaba que las cosas estaban mejorando y no era así”, dijo Jeremiah Goulka, director de políticas de justicia en el Health in Justice Action Lab de la Northeastern Unversity, quien aboga por cambios en la justicia penal.
Desde la muerte de Floyd en el Memorial Day, al menos tres estados además de Colorado han promulgado leyes relacionadas con la policía y al menos 12 más y Washington, D.C., las están considerando, según una revisión de Stateline.
En Nueva York, el gobernador demócrata Andrew Cuomo promulgó una serie de proyectos de ley el 12 de junio para, entre otras cosas, derogar una ley que protegía los registros disciplinarios de la policía del escrutinio público, crear una unidad en la oficina del fiscal general para investigar la mala conducta de la policía y prohibir las llaves en el cuello.
En Utah, el gobernador republicano Gary Herbert firmó un proyecto de ley para prohibir las llaves en el cuello y las sujeciones poniendo la rodilla sobre el cuello.
Y en Iowa, un proyecto de ley para prohibir la mayoría de las llaves en el cuello y abordar la mala conducta de los agentes obtuvo el apoyo unánime de la legislatura y de la gobernadora republicana Kim Reynolds.
Pero no ha sido fácil en todas partes.
Los esfuerzos legislativos se quedaron cortos en Minnesota, donde el Senado controlado por los republicanos y la Cámara de Representantes controlada por los demócratas no pudieron llegar a un acuerdo sobre medidas policiales.
Casi la mitad de las legislaturas estatales han terminado sus sesiones o no tienen sesiones en años pares, lo que apunta a que el 2021 será un año con mucha actividad en torno a legislaciones relacionadas con la policía, dijo Widgery.
“Damos la bienvenida a la reforma”
Se suponía que los legisladores de Colorado terminarían su trabajo a principios de mayo. La pandemia cambió eso, interrumpiendo la sesión a mediados de marzo y postergando el reinicio para el 26 de mayo, al día siguiente de la muerte de Floyd.
Herod, la legisladora que encabezó el esfuerzo para aprobar el proyecto de ley sobre la policía, dijo que trató de proponer otras leyes de la misma índole previamente en la sesión, pero los líderes le dijeron que era demasiado divisivo en medio del COVID-19.
Luego ocurrió la muerte de Floyd.
“Si no fuera por los manifestantes, el proyecto de ley no se habría presentado”, indicó. “No puedo decir en qué medida la protesta lleva realmente a un cambio de política y a la acción”.
Conseguir el producto final requirió cierto trabajo bipartidista.
Cuando el senador estatal republicano John Cooke leyó el proyecto de ley por primera vez, se horrorizó, dijo.
“Lo llamé proyecto de ley de venganza”, comentó Cooke, quien trabajó en las fuerzas del orden durante 30 años.
Él y los patrocinadores demócratas pasaron horas negociando cambios, el más importante fue suavizar la prohibición de la inmunidad calificada, que protege a los policías de ser considerados personalmente responsables de las violaciones constitucionales. Después de las revisiones, la nueva ley permite que un agente sea responsable por una cantidad limitada y solo si un agente no estaba actuando de “buena fe”.
“A través de negociaciones, trabajando juntos, finalmente logramos que todos los republicanos, excepto dos, pudieran apoyarlo en el Senado”, dijo Cooke, quien finalmente votó a favor del proyecto de ley.
La Colorado Fraternal Order of Police apoya en gran medida la nueva ley, con algunas reservas sobre cómo será implementada.
“Damos la bienvenida a la reforma. Creemos que hace mucho tiempo que debió haberse hecho en nuestra profesión en general”, dijo el Sargento Rob Pride, quien, como fideicomisario nacional del estado, es el enlace con la Fraternal Order of Police nacional.
Pride ha trabajado para las agencias de la ley en Colorado durante 27 años. Dijo que nunca le enseñaron a usar las llaves en el cuello, y se sorprendió de que las agencias aún las permitieran. Las cámaras corporales y la recopilación de datos, señaló, beneficiarán a la policía y demostrarán que no hay un problema generalizado con la aplicación de la ley.
“Creo firmemente que el 99.9 por ciento de nuestros agentes son buenas personas que quieren hacer su trabajo por las razones correctas y tratar a todos por igual y proteger a todos por igual”, declaró Pride. “Si hay un patrón de malas prácticas, las identificaremos. Podremos atacar ese problema”.
Pero Pride teme que se haya apresurado la legislación, dejando algunas cuestiones que deberán ser resueltas con los abogados o retomadas por la legislatura. Dijo que el lenguaje sobre cuándo se puede usar la fuerza es demasiado ambiguo. Y aunque la prohibición inicial del proyecto de ley sobre la inmunidad calificada se suavizó, Pride dijo que ha escuchado que algunos agentes están considerando retirarse anticipadamente o trabajar en un estado diferente debido a ello.
En el estado donde murió Floyd, los intentos de aprobar una legislación relacionada con la policía fracasaron.
Aunque los legisladores de Minnesota acordaron prohibir las llaves en el cuello y exigir a los agentes que intervengan si ven una conducta impropia por parte un compañero, las negociaciones se interrumpieron en torno a otros elementos. Minnesota es uno de los dos estados (Alaska es el otro) donde los demócratas controlan una cámara legislativa y los republicanos la otra.
Para los demócratas, la propuesta republicana consistía en un “lenguaje suave”, dijo la representante Rena Moran, quien preside al People of Color and Indigenous Caucus. El líder de la mayoría del Senado republicano Paul Gazelka no respondió a una solicitud de comentarios.
Moran dijo que dejó la capital el 20 de junio, agotada por los días en que intentó llegar a un compromiso.
“Este es un trabajo realmente importante. No solo los minnesotanos de todo el estado están esperando que hagamos un trabajo en esta área”, dijo, “sino que el mundo nos está observando”.
Moran anticipa otra oportunidad pronto: El gobernador Tim Walz, demócrata, planea volver a convocar a la legislatura para renovar sus poderes de emergencia, y pudiera pedir a los legisladores que aborden de nuevo el tema de la policía.
En algunos estados, los departamentos de policía han cambiado de política sin esperar a la legislatura. En particular, más departamentos de policía y academias de capacitación se están preparando para adoptar una formación sobre el deber de intervenir para ganarse la confianza del público y evitar futuros asesinatos policiales innecesarios.
En Chattanooga, Tennessee, el Jefe David Roddy actualizó la política del departamento de 500 agentes para aclarar que estos tienen el deber de intervenir si un compañero está haciendo algo perjudicial, ilegal o impropio.
Más o menos en la misma época, los legisladores presentaron proyectos de ley relacionados con la policía en el Senado y en la Cámara de Representantes que incluían un mandato sobre el deber de intervenir, pero las partes no pudieron llegar a un acuerdo, por lo que las medidas se dejaron en suspenso.
Roddy, que ha estado en el departamento durante 25 años y ha sido jefe durante los últimos tres, dijo que siempre ha esperado que los agentes intervengan y que quería una política clara. “No se trata solo de una declaración del departamento a sus agentes sobre las expectativas en cuanto a su comportamiento”, señaló Roddy. “La política también es un reflejo de la comunidad a la que sirve. Se enfrenta por dentro y por fuera”.
Ciclo familiar
Para algunos activistas, los recientes esfuerzos son reminiscentes de lo que perciben como acciones limitadas emprendidas después de los acontecimientos en Ferguson en 2014. Son escépticos de que esta vez sea diferente.
En respuesta a Ferguson, la administración de Barack Obama encargó a un grupo de trabajo que recomendara cambios en la policía. De 2014 a 2017, al menos 16 estados promulgaron leyes que regulaban el uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, según la National Conference of State Legislatures. Al menos 27 estados aprobaron leyes que exigían la capacitación de la policía para situaciones que involucraran a un individuo con una enfermedad mental. Y 34 estados aprobaron leyes relacionadas con las cámaras corporales.
Pero Goulka, de la Northeastern University, dijo que es probable que se quede corta cualquier legislación que ponga énfasis en las tácticas de la policía.
“Simplemente el prohibir las llaves en el cuello, lo veo como un medio para tratar de calmar al público en lugar de reformar fundamentalmente el uso de las políticas de fuerza y la capacitación y la cultura”, dijo.
Por ejemplo, dijo Goulka, los cambios no deberían detenerse en la policía, sino que deben abordar cuestiones en el sistema de justicia penal en general, como la crisis de los opiáceos, las altas tasas de acuerdos de culpabilidad y la relación entre la delincuencia y la pobreza.
“Desearía que las cosas fueran mucho más grandes de lo que son”, agregó. “Algunos legisladores quieren tomar el camino más fácil de esto: marcar la casilla y seguir adelante”.
Kumar Rao, director de transformación de la justicia en el izquierdista Center for Popular Democracy, también dijo que los esfuerzos para alterar elementos individuales, como la eliminación de las llaves en el cuello, son insuficientes. En su lugar, apoya cambios más amplios en el papel y el presupuesto de la policía.
“Creo que la gente se está poniendo al día con esa idea y reconociendo que necesitamos hacer las cosas de forma muy diferente”, dijo Rao.
Pero cada arreglo a través de la legislación es importante, afirmó Lynda García, directora de la campaña policial en la Leadership Conference on Human and Civil Rights, una coalición que trabaja principalmente en la legislación federal de derechos civiles.
“Puedes mirar a las legislaturas estatales. Muchas veces se pueden hacer cosas a ese nivel”, comentó García. “Es ciertamente uno de los puntos de presión más importantes para pensar en un cambio transformador”.
En Colorado, los miembros del capítulo de Denver de la organización nacional Black Lives Matter han estado abogando por cambios en la política policial desde que se formó hace unos años. Apryl Alexander, cuya formación es en psicología clínica y forense, se unió a los esfuerzos hace tres años.
“Hemos tenido nuestros propios incidentes de violencia policial”, comentó Alexander de Colorado. Elijah McClain, un hombre afroamericano de 23 años, fue asesinado bajo custodia policial el año pasado en Aurora. Polis asignó esta semana al fiscal general del estado al caso.
“Cuando la gente dice que sucedió rápidamente con la aprobación de este proyecto de ley, hemos estado hablando de todos los problemas del proyecto de ley en los últimos años”, señaló Alexander, atribuyendo el éxito a la presión sobre los legisladores de parte de los electores que protestan y la atención de los medios de comunicación.
Pero, añadió Alexander, “incluso cuando estas normas estén en vigor, tendrá que haber un cambio de cultura y un cambio en la policía”.
El trabajo en Colorado, dijo, es un comienzo.
– Este texto fue traducido por Kreativa Inc.
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