SACRAMENTO, California — Cuong Nguyen, un refugiado vietnamita que llegó a Estados Unidos a los 11 años de edad, aceptó repartir drogas después de enterarse cuando tenía poco más de 20 años de que su padre debía una gran suma de dinero.
Fue acusado en 2006 y cumplió una sentencia de 24 meses. Pero Nguyen fue detenido repentinamente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) intermitentemente durante dos años, separándolo de su esposa e hijo pequeño, quienes vivían con la incertidumbre de cuándo volvería a casa.
Liberado de la detención el año pasado, Nguyen todavía se enfrenta a la deportación por su condena penal de hace 13 años y tiene que presentarse en las oficinas de ICE cada pocos meses.
Ahora un nuevo proyecto de ley podría cambiar eso.
La New Way Forward Act (Ley de la Nueva Forma de Proceder) fue presentada el 10 de diciembre por la representante Karen Bass, demócrata por California, y otros tres demócratas de la Cámara Baja: Jesús García de Illinois, Pramila Jayapal de Washington y Ayanna Pressley de Massachusetts.
El proyecto de ley restaura las protecciones del debido proceso para todos los inmigrantes, incluidos los que están en proceso de deportación.
Las leyes anteriores sentaron las bases para las políticas de la administración Trump, según el Centro de Estudios Migratorios, que resultaron en un aumento en el número de individuos deportados, especialmente aquellos con antecedentes penales. Las leyes aprobadas en 1996, a saber la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva y la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante, restringieron a los jueces de inmigración de considerar múltiples factores para la deportación de una persona, según muestra un documento de Asian Americans Advancing Justice (AAAJ).
A los jueces frecuentemente se les prohíbe considerar si el individuo con una orden de deportación es un padre, un cuidador, un líder comunitario o un ejemplo de rehabilitación exitosa, entre otros.
Los titulares de tarjetas de residencia (green cards) que son condenados por algunos delitos en los siete años posteriores a haber entrado a los Estados Unidos están sujetos a una deportación obligatoria. En esos casos, los jueces tienen prohibido tomar en cuenta la conducta reciente del individuo o de sus lazos familiares.
El proyecto de ley también elimina la detención obligatoria y crea un estatuto de limitaciones de cinco años para las deportaciones, según un comunicado de prensa conjunto de los grupos de defensa Southeast Asian Resource Action Center y AAAJ.
Muchos inmigrantes del sudeste asiático fueron reubicados en barrios de bajos ingresos, de alta criminalidad y desatendidos en EU después de huir de sus países devastados por la guerra de Vietnam, la Guerra Secreta de Laos y el genocidio de Camboya entre los años 70 y 90. Algunos cometieron crímenes a una edad temprana y han sido liberados de la prisión después de cumplir sus sentencias completas.
En virtud de un acuerdo de repatriación de 2008 entre Vietnam y Estados Unidos, los inmigrantes vietnamitas no pueden ser deportados si entraron en Estados Unidos antes del 12 de julio de 1995.
Pero las cosas cambiaron bajo la administración de Trump. La administración ha estado utilizando sanciones de visado, presión diplomática y otras herramientas para renegociar los acuerdos de repatriación con Vietnam, Camboya y Laos, entre otras naciones, dijo el representante estadounidense Harley Rouda, demócrata por California. Una orden ejecutiva en 2017 emitida por el presidente Donald Trump indicó que cualquier persona sin estatus legal y con antecedentes penales, independientemente de que haya entrado como refugiado, puede ser objeto de expulsión.
Cientos de refugiados con condenas no violentas y de décadas de antigüedad han sido detenidos desde entonces por el ICE.
Según SEARAC, más de 17 mil refugiados del sudeste asiático han recibido la orden de abandonar los Estados Unidos. Aproximadamente el 80 por ciento de los 15 mil individuos que viven actualmente con una orden de expulsión definitiva serán expulsados con base a condenas pasadas. Hasta junio de 2018, fueron detenidos cuatro mil 881 inmigrantes asiáticos.
La New Way Forward Act es un hito para las comunidades del sudeste asiático, destacó Quyen Dinh, directora ejecutiva de SEARAC.
“Las leyes de inmigración anticuadas e injustas de nuestro país están siendo utilizadas por esta administración para deportar a nuestras comunidades a un nivel sin precedentes”, afirmó Dinh. “Nuestro país y nuestras comunidades merecen una nueva visión de justicia y equidad que incluya a todas las comunidades de inmigrantes y refugiados, una que restaure la dignidad y el debido proceso a todos y proporcione a los individuos que nuestro país removió injustamente una oportunidad de regresar a casa y reunirse con sus familias”.
Es importante reimaginar el camino que la Ley conlleva, agregó Anoop Prasad, abogado de planta del Caucus de Derecho Asiático de la AAAJ, a pesar del ambiente político en D.C. “Estamos averiguando cómo avanzar, después de décadas de deportación masiva debido a errores en las políticas que cometimos en la década de 1990”.
El legado de las leyes, junto con las políticas del actual clima político, ha cobrado un precio emocional en las vidas de los inmigrantes y sus familias, como Nguyen.
“Si Vietnam decide repatriarlo, tiene que ser deportado”, comentó Elaine Sánchez Wilson, directora de comunicaciones y desarrollo de SEARAC.
La New Way Forward Act es importante para gente como Nguyen.
“Durante los últimos dos años, mis seres queridos han vivido con el temor de que me deporten”, recalcó Nguyen. “Al restaurar la discreción judicial de los jueces de inmigración, pueden finalmente considerar mi caso, ver a mi familia y mis contribuciones a mi comunidad y, con suerte, proporcionarnos a mí y a otros en mi posición el alivio que tan desesperadamente necesitamos”.
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