SAN DIEGO — Había algo extraño en la mujer de Kentucky que estaba sentada junto a una joven madre hondureña que pedía asilo en la corte de inmigración de San Diego.
El juez Philip Law nunca la había visto antes. La mujer no era abogada de inmigración, ni siquiera estaba relacionada con la madre soltera, Keyla.
Entonces, el juez le preguntó quién era y qué estaba haciendo allí
“Soy Vonnette Monteith”, respondió. “Conozco a la familia y estoy aquí para ayudar”.
El largo viaje de Monteith desde Louisville a la sala de audiencias de San Diego comenzó en diciembre pasado, en la Iglesia Católica St. Williams.
Después de la misa, una integrante de la congregación se levantó y pidió ayuda. Una refugiada hondureña que ya vivía en Louisville tenía más familia en la frontera suroeste. Su familia huyó de territorio controlado por pandillas y esperaba encontrar refugio en Estados Unidos.
La mujer pidió a alguien que patrocinara a la familia de refugiados para que todos pudieran estar juntos en Kentucky.
Monteith, ex teniente coronel del Ejército, no habla español pero tenía dos cuartos libres. Entonces ella se ofreció a traerlos.
“Me cuesta mucho decir que no”, contestó.
Ella patrocinó a ocho personas, incluida una familia compuesta por la madre, el padrastro y dos hermanastros adolescentes de Keyla. Salieron de Honduras después de que la MS-13 mató a la abuela de los niños por haber interferido en sus esfuerzos de reclutamiento.
Cuando el grupo se mudó con ella, Monteith se comunicaba con ellos exclusivamente a través de aplicaciones de traducción en su teléfono. Pronto descubrió que ella y la madre, Mirna, tenían mucho en común.
Ambas nacieron con solo unos meses de diferencia en 1968. Sus hijos tenían aproximadamente la misma edad y ambas eran religiosas.
Monteith notó que Mirna rezaba todos los días. A menudo rezaba y lloraba al mismo tiempo por su hija Keyla. Ella no había llegado a Kentucky.
Keyla y su hija de cuatro años fueron las últimas de la familia en abandonar Honduras. Para cuando llegaron a la frontera suroeste en febrero, la administración de Trump había comenzado a implementar una nueva política llamada Protocolos de Protección al Migrante, más comúnmente conocida como “Permanecer en México”.
La política requiere que los solicitantes de asilo vivan en México mientras esperan sus audiencias en los tribunales de inmigración. Para Keyla, eso significa que está atrapada en Mexicali mientras su familia está en Louisville.
“Es muy triste lo que nos están haciendo”, dijo. “Es difícil estar lejos de mi familia. Los extraño mucho”.
Cuando Monteith se enteró de la separación familiar, hizo todo lo que pudo para ayudar.
Primero, condujo casi dos mil millas desde Louisville a Mexicali, donde Keyla había preparado copias de documentos legales importantes, incluidos informes policiales del asesinato de su esposo para probar su caso de asilo.
Keyla le pidió a Monteith que le ayudara a encontrar un abogado de inmigración.
Los solicitantes de asilo inscritos en Permanecer en México han pasado apuros para encontrar representación legal. Los datos muestran que menos del 1.5 por ciento de los migrantes inscritos en el programa cuentan con abogados.
Los migrantes que no encuentran abogados deben representarse a sí mismos y son significativamente más propensos a perder sus casos, según muestran los datos.
Keyla lo sabía, por lo que hizo de la búsqueda de un abogado su principal prioridad.
Entonces Monteith condujo hasta Los Ángeles, con la esperanza de encontrar organizaciones sin fines de lucro dispuestas a tomar el caso de Keyla. Hizo llamadas, envió correos electrónicos, buscó oficinas de abogados, pero falló.
“Lo que fue tan decepcionante fue que de todas estas organizaciones que ayudan a los inmigrantes, ninguna de ellas me devolvió la llamada”, dijo. “Fui a Los Ángeles y caminé por todas partes y envié muchos correos electrónicos. Si yo, que entiendo el idioma y sé cómo llamar y enviar un correo electrónico, no puedo obtener ayuda, ¿cómo le hacen los demás?”
Ella continuó la búsqueda en Kentucky y finalmente convenció al abogado de Mirna para que también representara a Keyla.
Esa abogada, Kristen Barrow, dudaba al principio.
Los casos de Permanecer en México son atendidos casi exclusivamente en tribunales de inmigración a lo largo de la frontera. La abogada con sede en Louisville nunca había representado a alguien inscrito en el programa y estaba preocupada por la logística y los costos de representar a un cliente a dos mil millas de distancia en México.
¿Cómo encontraría el tiempo para reunirse con Keyla en Mexicali? ¿El bufete de abogados podría pagar los gastos de viaje? ¿Qué pasaría con el resto de su carga de casos?
Monteith se ofreció a servir como voluntaria e incluso viajar a México y San Diego por su cuenta.
“Ella es una hacedora de milagros”, aseveró Barrow.
Desde Louisville, Barrow presentó una moción en San Diego para poder representar a Keyla por teléfono, pero nunca obtuvo respuesta.
Monteith decidió ir a San Diego y pedir una audiencia telefónica en persona. Así fue como ella terminó en la sala del juez Law a principios de este mes.
El día de la audiencia, Barrow llamó al secretario para preguntar si iba a poder telefonear. Pero ella relató que el secretario le dijo que no había nada que él pudiera hacer porque el tribunal ya estaba en sesión. Así que se mantuvo al teléfono y esperó que Monteith pudiera hablar con el juez.
En la sala del tribunal, el juez Law comentó que había aprobado la moción para la audiencia telefónica. Sin embargo, esa aprobación nunca llegó a Louisville.
Monteith le pidió al juez que llamara a Barrow, lo cual hizo. Desde su despacho de abogados en Kentucky, ella habló con un juez de inmigración en San Diego sobre el caso de asilo de una mujer procedente de Honduras.
Fue una victoria pequeña y de corta duración.
El plan principal de Barrow era pedirle al juez que trasladara el caso al tribunal de inmigración de Louisville y consolidara el caso de Keyla con el de su madre.
Sin embargo, el juez negó la moción porque el tribunal de inmigración en Louisville ha estado cerrado desde el 15 de agosto.
Resulta que los ascensores en ese edificio están averiados, por lo que todo el juzgado está cerrado hasta que alguien los repare. Barrow agregó que la corte está programada para reabrir en algún momento de octubre.
“Simplemente es muy mal momento”, concluyó.
Mientras tanto, Keyla fue enviada de regreso a México hasta su próxima audiencia el 21 de noviembre.
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