JEFFERSON, Md. — Durante el año pasado, la pequeña empresa de Maryland contratada por el gobierno federal para inspeccionar los centros de detención de inmigrantes de EU ha pintado una imagen positiva de la vida en cautiverio.
En docenas de reportes presentados en los últimos 12 meses, los inspectores del Nakamoto Group de 11 personas describieron a detenidos que no tenían “quejas importantes” y unas instalaciones donde la atmósfera es “tranquila sin indicadores obvios de alto estrés”.
“Ninguno de los detenidos expresó preocupación alguna sobre su trato o seguridad”, escribieron los empleados de Nakamoto en un informe típico de marzo de 2019, luego de la inspección del Centro de Detención del Río Grande en Laredo, Texas, una ciudad fronteriza abrumada por las recientes oleadas de migrantes centroamericanos que buscan asilo.
“Los detenidos estaban satisfechos con todas las condiciones de su reclusión”.
Las evaluaciones sosas de Nakamoto (algunas de las cuales datan de más de una década) se contrastan con los hallazgos recientes del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, auditores estatales y grupos externos de vigilancia, que han documentado la atención médica y de salud mental laxa y el uso inapropiado del confinamiento en solitario en varias instalaciones de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés).
Una revisión realizada por Kaiser Health News de miles de páginas de reportes de inspección de 2007 a 2012 y de 2017 a 2019, disponibles a través de litigios y nuevos requisitos de informes federales, revela patrones inquietantes sobre las auditorías de la compañía, incluida la disposición general a aceptar los relatos de las instalaciones por cuyo análisis se paga a la empresa, y a descartar las quejas de los detenidos.
Los resultados muestran que Nakamoto rara vez ha reportado malas noticias sobre las condiciones en las instalaciones con fines de lucro y administradas por el gobierno que audita. Las infracciones en la calidad de la atención médica y la seguridad de los detenidos son poco frecuentes y superficiales, según una revisión de registros federales y documentos judiciales.
Por ejemplo, una inspección sorpresa realizada en mayo de 2018 por investigadores del gobierno en el Centro de Procesamiento de ICE Adelanto en el desierto de Mojave en California “reveló riesgos significativos para la salud y la seguridad”, “segregación inadecuada y demasiado restrictiva” y “atención médica inadecuada para los detenidos”, según el inspector general de la agencia de Seguridad Nacional.
Una investigación separada realizada en 2019 por Disability Rights California, un grupo sin fines de lucro con autoridad legal para monitorear los centros de detención en California, destacó a personas con enfermedades mentales graves a las que se rociaba con gas pimienta y múltiples intentos de suicidio no reportados.
Sin embargo, Nakamoto llegó a una conclusión muy diferente en su informe de 2018 sobre Adelanto: si bien señaló cientos de quejas de detenidos y 83 agresiones físicas durante el periodo de inspección, más de un tercio de las cuales resultaron en lesiones que requirieron atención médica, su informe concluyó que “sin excepción, los detenidos declararon que se sentían seguros en esta instalación”.
Un informe de junio del inspector general encontró “condiciones inseguras e insalubres” en otros tres centros de detención. Los cuatro habían recibido calificaciones aprobatorias de parte de Nakamoto.
Varios detenidos actuales y anteriores en Adelanto entrevistados dijeron que los retrasos en la atención médica eran frecuentes y que el miedo era generalizado dentro de la remota instalación. Entre las preocupaciones, declararon, estaba la sensación de que los guardias enviarían indiscriminadamente a los detenidos a confinamiento solitario, conocido como “el hoyo”, por la más mínima infracción.
“No importaba si eras bueno o malo, siempre te iban a meter en el hoyo”, comentó Lillian, de 49 años, ex profesora de derechos humanos procedente de Caracas, Venezuela, quien pidió no ser identificada por su apellido por miedo a represalias. Estuvo detenida en Adelanto desde noviembre de 2017 hasta que se le concedió asilo en mayo de 2018.
Otros detenidos mencionaron que los retrasos en la atención médica eran tan comunes en Adelanto que muchas personas dejaron de presentar solicitudes. “Si presentas una solicitud médica, pueden pasar días o semanas, o incluso meses, para que la procesen y te den el tratamiento que necesitas”, detalló Mario, de 32 años, quien cruzó a los Estados Unidos con sus padres cuando tenía cinco años y estuvo detenido en Adelanto durante seis meses en 2018.
Enfrentando la deportación por un delito menor en 2017, Mario ahora está bajo fianza y actúa como voluntario con un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes en Ontario, California. También pidió no ser identificado por su apellido, por temor a que afecte su caso de deportación.
Nakamoto Group fue establecido en 2003 por Jennifer Nakamoto, en ese entonces treintañera y ex empleada del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas. Ella sigue siendo la presidenta de la compañía y la única propietaria. La administración de George W. Bush primero contrató a la compañía para auditar las instalaciones de detención de inmigrantes, y sus contratos fueron extendidos bajo el mandato del presidente Barack Obama.
Durante al menos los últimos dos años, Nakamot Group, registrado en la espaciosa casa de Jennifer Nakamoto en las tierras agrícolas al oeste de Maryland, ha sido el único contratista responsable de inspeccionar cerca de 100 centros federales de detención de inmigrantes y cárceles condales que albergan a decenas de miles de no ciudadanos a la espera de audiencias de deportación o decisiones sobre solicitudes de asilo.
Desde 2007, ICE ha otorgado a la compañía más de 55 millones de dólares en contratos gubernamentales para garantizar que las condiciones cumplan con los estándares federales de detención. Su contrato actual podría alcanzar otros 16 millones de dólares.
Nakamoto continúa como el único inspector contratado en las instalaciones de ICE a pesar de que John Kelly, el ex inspector general interino de Seguridad Nacional, emitió un análisis despiadado sobre su desempeño el año pasado.
“Las prácticas de inspección de Nakamoto no son consistentemente exhaustivas, sus inspecciones no examinan completamente las condiciones reales ni identifican todas las deficiencias de cumplimiento”, escribió Kelly.
Su reporte señaló que los empleados de ICE notificaron a los investigadores federales que las inspecciones de Nakamoto son “inútiles” y “muy, muy, muy difíciles de pasar por alto”.
Mark Saunders, vicepresidente ejecutivo de Nakamoto Group, declinó discutir el desempeño de la compañía en detalle. En una entrevista, solo compartió que refutaba las acusaciones en el reporte del inspector general y que la compañía “es la única parte imparcial”. No quiso hacer más comentarios.
Los funcionarios de ICE no respondieron a solicitudes específicas de comentarios sobre el contrato de Nakamoto.
Las preguntas sobre la supervisión de Nakamoto se producen cuando el gobierno federal lucha por procesar una afluencia sin precedentes de migrantes que huyen de la pobreza y la violencia en América Central.
Con el aumento de la población de detenidos a 53 mil personas este año, las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes sostienen que ICE está bajo presión para mantener las instalaciones abiertas a cualquier costo, y que la agencia se ha aislado de la reprobación contratando a inspectores que actúan como aliados de las compañías privadas de gestión de prisiones que ahora albergan a la mayoría de los detenidos estadounidenses.
(La agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de los EU gestiona los centros de detención de menores que han sido objeto de reportes noticiosos recientes y visitas de congresistas y están sujetos a un proceso de supervisión diferente).
“Nakamoto tiene este incentivo para no ser tan crítico como pudiera ser” para mantener su lucrativo contrato con el gobierno, opinó Aaron Fischer, abogado de Disability Rights California.
Eunice Cho, abogada del personal de la ACLU de Washington, calificó a las inspecciones de Nakamoto como un “sello aprobatorio”.
Las preocupaciones sobre las condiciones en los centros de detención se remontan a décadas y llevaron a un cambio de política durante la administración de Obama. Una ley de 2010 prohibió que se pagara a instalaciones que reprobaran dos inspecciones consecutivas.
El cambio estaba destinado a eliminar los programas mal administrados. En cambio, en años posteriores, ha sido menos probable que los inspectores reprueben instalaciones. Los inspectores privados reprobaron a casi tres docenas de instalaciones entre 2007 y 2009, y al menos 14 instalaciones recibieron malas calificaciones dos años seguidos.
Pero de 2010 a 2012, solo una instalación, el Centro de Detención de Adultos del Condado de Freeborn en Minnesota, no pasó una inspección. Desde mayo de 2018, solo una instalación parece haber reprobado.
La instalación de Adelanto reprobó una inspección en 2011 realizada por un contratista privado diferente, MGT of America, solo para que ICE revocara la conclusión. Al año siguiente, ICE contrató a Nakamoto para auditar a Adelanto y, a pesar de la muerte de un detenido de 58 años, la instalación aprobó. Las autoridades federales que investigaron más tarde concluyeron que Adelanto había cometido “errores atroces”, incluida la falta de atención médica oportuna, y pudo haber evitado la muerte.
Nakamoto anuncia las inspecciones con anticipación y se basa en los registros de las instalaciones para rastrear quejas, agresiones y otras medidas. Algunos reportes de inspección incluyen descripciones detalladas de percances triviales: empanadas de pollo tibias o herramientas y productos químicos de cocina inventariados incorrectamente. Pero sus inspectores con frecuencia se burlan de las quejas más graves, desestimando preocupaciones médicas y de seguridad.
En una inspección de enero del Centro de Procesamiento del Condado de Otero, un centro de detención de mil camas en Chaparral, Nuevo México, los inspectores de Nakamoto tomaron nota y desecharon las quejas sobre duchas tibias (“se verificaron las temperaturas del agua y estaban dentro de los parámetros”) y las solicitudes de alimentos de los detenidos (“todos eran de países que consumen alimentos no tradicionales que probablemente no están aprobados para su consumo en los Estados Unidos”).
Llegaron a la conclusión de que, “sin excepción, los detenidos declararon que se sentían seguros en la instalación”, operada por Management and Training Corp.
De hecho, los solicitantes de asilo en Otero habían expresado serias preocupaciones sobre las condiciones y largas esperas en detención, llegando incluso a organizar casi 100 huelgas de hambre el año pasado.
Si bien los inspectores de Nakamoto tomaron nota de las huelgas de hambre, aceptaron la explicación de la instalación de que estaban siendo organizadas por “ciertas nacionalidades” que “aparentemente creen que deberían ser atendidos a un ritmo de servicio más alto que otros detenidos”.
Del mismo modo, en docenas de auditorías en diferentes instalaciones, los inspectores de Nakamoto refutaron metódicamente las quejas sobre la atención médica basándose en gran medida en registros que los abogados de inmigración dicen que a menudo son inexactos o están incompletos.
Un detenido recluido en Versalles, Missouri, por ejemplo, le informó a un inspector de Nakamoto en febrero que necesitaba anteojos. Nakamoto aceptó la determinación de la instalación de que no los necesitaba y sugirió en cambio que la falta de luz natural podría estar contribuyendo a su mala visión.
En el Centro de Detención del Condado de Webb en Laredo, Texas, una mujer dijo que esperó 15 días e hizo dos solicitudes para ver a un médico. Nuevamente, Nakamoto aceptó la determinación de la instalación: “La detenida fue atendida y tratada de manera oportuna”.
Cho, el abogado de la ACLU que está demandando a ICE, alegando maltrato a los detenidos, declaró: “Hay una cultura de no aceptar lo que los detenidos tienen que decir de manera creíble”.
Cuando Kamyar Samimi, un ciudadano iraní con estatus de residencia permanente, murió bajo custodia en diciembre de 2017, la divergencia entre la evaluación de Nakamoto y la de los investigadores federales fue sorprendente.
Samimi, de 64 años, había sido arrestado en su casa de Denver el 17 de noviembre de 2017, con base en una condena por drogas en 2005. Dos semanas después, mientras estaba detenido en las instalaciones de ICE en Aurora, Colorado, vomitó sangre, dejó de respirar y murió 17 minutos después de llegar a un centro médico cercano.
En una inspección varios meses después de la muerte de Samimi, los inspectores de Nakamoto informaron que se había estado quejando de depresión y abstinencia de metadona, un medicamento recetado que tomaba diariamente para tratar una adicción latente. Había sido puesto bajo vigilancia de suicidio, reveló la compañía, pero no se encontraron inquietudes sobre su tratamiento médico.
En su investigación sobre la muerte, la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE descubrió que el personal no había administrado completamente su medicamento ni buscó tratamiento de emergencia de manera oportuna.
Cuando la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts le escribió a Jennifer Nakamoto en noviembre pasado para expresar “profunda preocupación” sobre el trabajo de la compañía, Nakamoto respondió que el inspector general no entendía la complejidad de las personas detenidas en los centros penitenciarios.
En su respuesta por escrito, Nakamoto se refirió burlonamente a los inspectores del gobierno entre comillas y cuestionó sus calificaciones. Se describió a sí misma como “una mujer perteneciente a una minoría trabajadora, que se arriesgó hace 15 años al formar una pequeña empresa para tratar de abrirme camino en este gran país”. Sostuvo que su gente es experta en su campo y “firme defensora de los derechos de los detenidos”.
“Nuestra ética de trabajo es insuperable”, escribió. “No informamos incorrectamente ni tergiversamos la información en nuestros informes”.
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